MÉXICO, D.F., 11 de enero (apro).- El Congreso de Chihuahua dio luz verde a la solicitud de juicio político contra los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes, en un primer juicio, dejaron en libertad al homicida de Rubí Frayre, hija de la activista Marisela Escobedo, acribillada en diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno.

Además, los legisladores determinaron conformar la Comisión Jurisdiccional que llevará el caso, misma que será encabezada por el diputado priista Gabriel Sepúlveda, de Ciudad Juárez.

 Luego de conocer la resolución, los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib anunciaron que pedirán asilo político a Estados Unidos.

Consideraron que jurídicamente no podrán ser juzgados y que exhibirán su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un texto difundido por El Heraldo de Juárez, los juzgadores advirtieron que toda resolución contraria a sus prerrogativas será invalidada por medio del amparo.

 "Para solapar a los verdaderos servidores públicos ineptos, como lo fueron en el caso los fiscales que no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar a un imputado de un delito grave, se persigue a los resolutores, que no hicieron otra cosa más que aplicar la ley”, puntualizaron.

Ante la insuficiencia de los indicios presentados para probar la culpabilidad de Sergio Rafael Barraza Bocanegra (pareja sentimental y asesino de Rubí Frayre), su decisión fue aplicar la legislación creada para la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal, agregaron.

Los jueces insistieron que ahora esa determinación derivó en una persecución en su contra, mientras que el modelo judicial sigue operado por personal que no está cabalmente capacitado, incluidos los policías y fiscales que participaron en la integración del expediente en torno del asesinato de Rubí.

Los jueces explicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis jurisprudencial P/J 55/2004, indica que la Legislatura estatal se encuentra impedida para proceder con el juicio porque “no pueden constituir materia del procedimiento las consideraciones jurídicas de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional de los poderes judiciales estatales".