MP omitió pruebas en el caso Rubí Frayre, afirman jueces desaforados

martes, 18 de enero de 2011

MÉXICO, D.F., 18 de enero (apro).- Los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib, quienes llevaron el caso de Rubí Frayre, acusaron a la Fiscalía de Chihuahua de no haber entregado pruebas suficientes para condenar y encarcelar a Sergio Barraza, el asesino de la hija de la activista Marisela Escobedo, asesinada en las puertas del Palacio Municipal, en la capital de aquel estado.
“Hubo insuficiencia de pruebas, debido a que el Ministerio Público omitió las pruebas necesarias para probar la participación de Sergio Barraza en el juicio que seguimos. Los jueces no podemos recabar pruebas, en este caso el MP no logró las pruebas suficientes”, afirmó Baudib.
Zúñiga secundó a su compañero al señalar que el MP, responsable de la recolección de pruebas, no incorporó ninguna confesión del acusado, sino versiones contradictorias de testigos, quienes contaron que Barraza confesó el crimen.
Barraza, dijo, hizo uso de su derecho a no declarar, por lo que “no hubo confesión del acusado”, la cual deber ser rendida ante el Ministerio Público o juez en presencia del defensor y por voluntad propia.
Sobre el perdón que  el asesino solicitó a la madre de Rubí Frayre, el juez dijo que no tenía relación con el asesinato de la hija de la activista, sino en el contexto en el que la señora Escobedo reclamaba sobre la vida que habían llevado juntos.
“Nuestro trabajo es condenar o absolver, y no hay garantía de que lo que hagamos sea lo correcto”, agregó.
    En conferencia de prensa, los tres jueces, quienes en días pasados advirtieron que pedirán asilo político a Estados Unidos, luego de que el Congreso de Chihuahua admitió la solicitud de juicio político en su contra, lamentaron que diversas organizaciones de derechos humanos dañaran su imagen y su carrera profesional por su actuación en el caso de la hija de la activista asesinada el pasado 16 de diciembre, frente al Palacio de Gobierno de la entidad.
Según Catalina Ochoa Contreras, están siendo “linchados políticamente”.
Los jueces se autodenominaron “perseguidos políticos” y señalaron que el gobernador César Duarte pretende enviarlos a la cárcel.

Comentarios