MÉXICO, D.F., 5 de enero (apro).- Violento, 2010 dejó huellas profundas en la niñez mexicana, afirmó la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), en su balance del año pasado.

          “La brutalidad armada contra niños y adolescentes en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, más allá de la legitimidad que pueda tener la `guerra` contra el crimen organizado, está teniendo un alto costo para niños y niñas en varios planos”, dijo Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la red.

          Martín Pérez lamentó la “normalización” de la violencia en torno a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: “niños y niñas en todo el país no están ajenos a esta violencia y comienzan a vivirla con cierta normalidad”.

           Dijo que en 2010 estudiantes de todo el país fueron entrenados para reaccionar ante un intercambio de balas. “Esto que hubiéramos pensado en la Colombia más violenta, en las guerras en África, ya lo tenemos en México”.

          En su reporte, Redim manifestó especial preocupación por el incremento en la presencia de niños y niñas en la guerra contra el narcotráfico. “Preocupa particularmente la creciente aparición de adolescentes como blanco de los ataques. Ya no sólo como era al inicio de este conflicto armado, como resultado de intercambio de disparos”, añadió.

            La red censuró la ausencia del Estado para proveer justicia en los crímenes que, trágicos, enlutaron al país. Sólo esta organización lleva un recuento de 1,066 casos de niños asesinados, atribuidos a la campaña contra el narcotráfico en la actual administración federal. “La falta de información oficial es uno de los principales problemas para poder dimensionar el impacto que está teniendo esta ‘guerra’ contra el crimen organizado. Los casos se van recolectando entre la Red y los medios de comunicación. Necesitamos llamar la atención pública. Esto amerita una reacción de Estado urgente. La violencia armada está teniendo un brutal impacto en la vida de niños y niñas”.

           Martín Pérez dijo que la impunidad se da en la “mayoría” de los casos. Añadió: “No hay investigación frente a las masacres”. Y recordó el caso de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 15 adolescentes fueron acribillados por un grupo armado. Agregó que, casi un año después, regaladas las promesas, no hubo justicia. “Sólo hay indicios. No hay evidencia de que la investigación llegó más, ni justicia para los familiares de las víctimas”.

           “A la muerte de adolescentes, se les liga al crimen organizado sin investigación previa. Se les ha estigmatizado, criminalizado. Desde la autoridad, esto es contrario al marco de derecho. Refleja un  retroceso importante en la protección de los derechos de los infantes”, añadió.

           Afirmó que la incorporación por parte del crimen organizado a menores dentro de su lógica delictiva, es una faceta de la explotación infantil, que se ha manejando “equivocadamente” como “reclutamiento”. Expuso que, cuando se habla de reclutar, se habla de la intencionalidad de formar en alguien ciertas habilidades para construirle una carrera; hacer futuro. Los niños, dijo, son desechables. “Hay un uso utilitario. No hay la intención de convertirlos en nuevos líderes del crimen organizado sino, por su condición de edad, por su desprotección y la ausencia de oportunidades, de usarlos con fines criminales específicos. Cuando ya no son útiles, puede eliminárseles”.

           En suma, el balance de lo que a su paso dejó 2010 en términos del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), instrumento internacional con carácter de ley, contemplada en el artículo 133 constitucional, para Redim, es “alarmante”. Quedará marcado por la “impunidad”, dijo Martín Pérez.

          Mencionó el caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde decenas de niños perdieron la vida. “Los funcionarios quedaron impunes. No se les tocó para proteger sus grupos de interés. Las decisiones que se tomaron no consideración el interés superior de la infancia, estipulado en la CDN”, añadió.

           Además, el activista lamentó la aprobación de la venta de comida chatarra en las escuelas, donde “el debate estuvo a favor de las empresas”; el “rezago educativo”, principalmente a nivel secundaria y bachillerato, contrario al discurso oficial; que el 60% de las personas pobres en el país sea menor de 18 años, y la falta en general de cambios estructurales a favor de la infancia.

          “Uno de los derechos centrales de la CDN gira en torno al respeto a la vida y tener un proyecto para la misma. Lamentablemente, ante esta ausencia de cambios estructurales a favor de la infancia, frente al rezago histórico que se traduce en un porcentaje tan alto de niños y adolescentes en pobreza, significa que a la niñez no se les garantiza las cosas más básicas”, añadió.