MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón se declaró hoy preocupado por la cantidad de desapariciones que existen en el país e insistió en sus invectivas contra los criminales sin escrúpulos que pretenden vivir a costa de los mexicanos de bien, expresiones ya frecuentes en sus discursos. Sin víctimas presentes, aunque acompañado por la elite que se arroga la representación ciudadana, Calderón Hinojosa inauguró la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), cuyo edificio sede está ubicado en la colonia Del Valle de esta ciudad. Acompañado por María Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y María Elena Morera, el Ejecutivo federal conminó a los ciudadanos a ir más allá del reclamo y transformar su indignación en propuestas viables, traspasando la línea ideológica. El llamado presidencial ocurrió luego de que, en su intervención, María Elena Morera dijo esperar que Províctima realmente funcione y no vaya a quedar en el papel o en “una burda simulación”, como pasó con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado por actores políticos y sociales en 2008. La activista dirigente de la organización Causa Común es integrante del Consejo Consultivo de Províctima, del que también forman parte Alejandro Martí, de la Fundación SOS, y María Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro. En su mensaje, Morera advirtió también que, los representantes de la sociedad civil, no estaban en el Consejo de Províctima para legitimar una acción de gobierno, sino para representar los intereses de los afectados. Sin embargo, al concluir el acto inaugural, Martí y Wallace manifestaron su absoluta confianza en Calderón y Províctima, en tanto Morera reculó al aceptar, en declaraciones, que “el presidente tiene razón (en trascender los reclamos y hacer propuestas)”. En el acto, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dijo que la creación de Províctima atiende una exigencia ciudadana, algo en lo que el propio Calderón puso énfasis en su intervención. “El gobierno ha hecho suyo el sufrimiento de las víctimas y trabaja para resolver su sufrimiento por las vías institucionales”, dijo Blake. Por su parte, Calderón admitió que en casi todas las dependencias del gobierno federal existen áreas de Atención a Víctimas, sin embargo, expuso que Províctima debe sumar los esfuerzos y esperar que pronto se replique en las entidades federativas. Añadió que el nuevo organismo deberá acompañar a las familias afectadas, aun cuando se trate de víctimas de delitos que sean competencia del fuero común, por lo instruyó a que se evite “la canalización” y se acompañe a las víctimas para evitar la “doble victimización”. Además se dijo preocupado por el elevado número de desaparecidos en el país, así como por las ejecuciones, aunque no dejó de señalar que los homicidios y la preservación de la escena del crimen son responsabilidad estatal. De hecho, en varias ocasiones se refirió a la responsabilidad de las entidades, a las que señala por su responsabilidad en la atención de 90% de los delitos que se cometen en el país. Antes del acto, Calderón realizó un breve recorrido por el nuevo edificio, ubicado en la colonia Del Valle de la delegación Benito Juárez, donde atestiguó la instalación de consultorios y oficinas de atención múltiple en las que también se colocaron juegos infantiles. Províctima tendrá como objetivo que los afectados reciban atención médica y sicológica; asesoría jurídica y defensa legal gratuita; buscar personas desaparecidas por criminales; recibir y sistematizar la información de las víctimas del delito; proponer instrumentos y programas para generar reformas y coordinarse con otras instituciones, poderes y órdenes de gobierno. En el inmueble se ubicarán equipos de atención de las dependencias federales relacionadas con el ámbito de la seguridad, como las secretarías la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Función Pública y Procuraduría General de la República (PGR). Al frente del organismo, Calderón designó a Sara Irene Herrerías Hurtado, quien hasta hace poco se desempeñó como fiscal especial para la atención de víctimas de trata en la PGR.