MONTERREY, N.L. (apro).- Familiares de las víctimas de la tragedia del Casino Royale denunciaron hoy que la clase política manipula el caso a su conveniencia. Por lo pronto, se opusieron a la demolición del inmueble,  actualmente bajo custodia de la Procuraduría General de la República (PGR). Samara Pérez Muñiz, madre de Brad Xavier Muñiz Pérez, de 18 años, quien falleció en la trágica jornada del jueves 18 de agosto, estuvo presente en un recorrido que diputados locales hicieron esta mañana por el establecimiento. La mujer señaló, sin mencionar nombres, que algunos servidores públicos han aprovechado el duelo para obtener capital político. “Por supuesto que están politizando esto. Tú crees que me va a interesar que si (el alcalde de Monterrey, Fernando) Larrazabal, que si (su hermano) Jonás o el que sea anda vendiendo quesos. No me interesa. Lo que quiero es que atrapen a los responsables y que caigan todos los funcionarios corruptos que permitieron que este casino estuviera operando en las condiciones que estaba”, dijo. El día de los hechos, Samara fue con su hijo a jugar. Ella pudo librar las llamas pero su hijo quedó atrapado y murió. La mujer cuestiona la labor de las autoridades, que debieron asegurarse que el casino ubicado en la avenida San Jerónimo número 205 contara con adecuadas medidas de seguridad. “¿Sabes por qué no había detectores de humo en el lugar? Porque todos estaban fumando adentro, así no era posible que hubiera detector de humo, pues se hubiera encendido de inmediato”, revela. Samara señala que aún no se ha hecho justicia, pues no le regresaron la cartera de su hijo ni las demás pertenencias. Durante el recorrido que efectuaron los legisladores, ella se aproximó al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente de la Comisión de la Verdad que investiga las causas administrativas que propiciaron la conflagración, y le pidió que no demolieran el lugar. El priista se comprometió con la madre de Brad Xavier a impedir que el inmueble sea derruido antes de que sean presentados peritajes convincentes. En el recorrido estuvo también Luis Javier Nava Walss, de 21 años. Él perdió en el incendio a su madre Idalia Elizabeth Walss Polendo, de 46. El joven afirma que hay personas que están obteniendo beneficios políticos con el dolor de los deudos. “Están buscando con esto ganar votos, simpatías, ahora que viene año electoral. Y no puede ser que estén lucrando con el dolor de la gente. Esto (la investigación) pretenden hacerlo a un lado, pero no debe ser, porque son muchos y, aparte, este caso movió al mundo entero. Debe haber castigos al ciento por ciento”, dice. Durante el recorrido de inspección los diputados encontraron que el casino Royal está indebidamente instalado a un lado de una institución de educación básica privada, llamada Colegio Liceo Los Rosales. Gutiérrez de la Garza dijo que el Reglamento Federal de Juegos y Sorteos y el Reglamento Municipal de Alcoholes establecen una distancia mínima de 200 metros entre un lugar de estas características y una institución educativa, condición que se incumplió en el caso del Royale. También encontraron que el establecimiento nunca fue cerrado, a diferencia de la versión que de manera permanente ha difundido el alcalde panista de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón. El municipio impuso sellos de clausura, pero en un espacio contiguo que iba a ser ampliado, lo que no impedía que el centro de apuestas siguiera en funciones. Mientras Gutiérrez de la Garza destacó que desde principios de septiembre hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para que entregara información relacionada con el casino sin que hasta ahora tuviera respuesta.