Denuncian intento por revertir sentencias contra militares violadores

viernes, 11 de febrero de 2011

MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- Organizaciones no gubernamentales que defienden a las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes fueron violadas por elementos del Ejército Méxicano en el año 2002, exhortaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a descartar los procedimientos interpuestos por el gobierno del presidente Felipe Calderón en diciembre pasado, con el claro propósito de impugnar las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano.
    El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) dieron a conocer que este viernes presentaron sus argumentos contra las solicitudes de consulta sobre las sentencias emitidas por la CoIDH en el caso mencionado.
    Para los representantes de las indígenas, “el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal y no una consulta”, por lo que pidieron a la CoIDH que deseche las solicitudes, las declare “inadmisibles” y “reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo”.
    De acuerdo con el director de Tlachinollan, Abel Barrera, el gobierno de Calderón interpuso las consultas, consideradas legales en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), para impugnar las sentencias que obligan a México a reformar el Código de Justicia Militar, así como llevar la investigación de las agresiones sexuales al fuero civil, dar disculpas públicas a las víctimas y reparar  los daños, entre otras medidas.
    Entre los argumentos que presentaron al máximo tribunal interamericano, los defensores de Rosendo Cantú y Fernández Ortega destacan que los escritos presentados por el Estado cuestionan “la participación de militares en los hechos del caso”.
    En el fondo, agregan, “el requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas”, que “declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del Ejército mexicano, así como por las deficiencias de investigación de los hechos y la intervención del fuero militar”.
    Luego de recordar que el Estado mexicano alegó en el juicio que durante la investigación que se hizo en el fuero militar no se demostró la responsabilidad de soldados en los agravios a las mujeres indígenas, los representantes de las víctimas insistieron que “los escritos presentados por el Estado señalan que compete a las autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos e incluso anticipa  que los mismos podrían quedar impunes”.
    Según ellos, las solicitudes de interpretación son “un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte, en la que señalan que existen elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fuerno elementos del Ejército los involucrados”.
    La OPIM, Cejil y Tlachinollan insistieron en el pleno cumplimiento de las sentencias por las violaciones sexuales que sufrieron las indígenas guerrerenses, y advirtieron en la necesidad de que “avancen, en el ámbito de la justicia civil”, las investigaciones para sancionar a los responsables de los hechos,  así como que dichas indagatorias se realicen “con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones, sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega”.
    Y puntualizaron que desacatar la orden de la CoIDH “implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas”.

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