TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 15 de febrero (apro).- Indígenas tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, del municipio de Chilón, advirtieron que recurrirán al bloqueo de carreteras para exigir al gobernador Juan Sabines la liberación de 10 de sus compañeros presos en el penal de Playas de Catazajá, a quienes un juez penal dictó auto de formal prisión por el presunto delito de homicidio.
Los indígenas adherentes a “La Otra Campaña” acusaron al gobierno estatal de tomar como “rehenes” a sus 10 compañeros, a quienes acusa injustamente de la muerte de Marcos Moreno García durante un enfrentamiento con indígenas priistas, con quienes se disputan el control del centro ecoturístico de Cascadas de Agua Azul, municipio de Tumbalá.
Explicaron que detrás del enfrentamiento (el pasado viernes 4) y el encarcelamiento de sus compañeros está el interés del gobierno de Chiapas para echar a andar un megaproyecto ecoturístico en el que los indígenas locales no tendrían cabida, pese a ser los poseedores del territorio.
En una carta enviada hoy a los medios de comunicación locales, los inconformes advierten que el próximo miércoles 16 “el ejido San Sebatián Bachajón realizará un bloqueo carretero en la sede de San José, en el crucero de Agua Azul, tramo carretero Ocosingo-Palenque, como un medio para demostrarle al gobierno que no estamos solos y exigirle la liberación de nuestros compañeros presos”.
Durante el bloqueo, agregan, estarán presentes observadores de los derechos humanos –locales, nacionales y extranjeros– “para que atestigüen todo lo que ocurra” y para que difundan la situación “que prevalece en nuestro ejido”.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que el pasado viernes 11, el titular del Juzgado del Ramo Penal de Catazajá, Víctor Adolfo Vera Morales, dictó auto de formal prisión a los 10 detenidos, a quienes la Procuraduría General de Justicia acusa, entre otras cosas, de homicidio calificado y atentados contra la paz y el patrimonio del estado.
Los indígenas acusados son: Pedro García Álvaro, Mariano Demeza Silvano, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Pedro López Gómez, Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez y Miguel Álvaro Deara, así como el menor de edad Mariano Demeza Silvano.
Los primeros nueve enfrentarán su proceso judicial en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17, en tanto que el menor de edad fue trasladado al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol, en el municipio de Berriozábal.
De acuerdo con el Frayba, durante las diligencias, los testigos que rindieron su declaración a favor de los 10 indígenas detenidos no fueron asistidos por intérpretes calificados.
“Se cuenta con el dato de que policías municipales uniformados fueron presentados como traductores, lo que intimidó a varios testigos”, apuntó el centro de derechos humanos.
Asimismo, mencionó que fue obstruida la labor de sus abogados, en virtud de que no tuvieron un acceso adecuado al expediente penal.
Y agregó que la detención y procesamiento de las personas “injustamente encarceladas” se dieron en un escenario de represión por parte de autoridades del gobierno de Chiapas, “que priva arbitrariamente de la libertad a 10 personas por su acción política y social en la defensa de sus derechos”.