PUEBLA, Pue., 17 de febrero (apro).- Defensores de migrantes denunciaron aquí que, debido a su labor humanitaria, están siendo objeto de amenazas por parte del crimen organizado y las propias autoridades.
En el marco del IX Encuentro de la Pastoral de Migrantes de la Zona Sur, los activistas demandaron al gobierno federal garantice la vida y la seguridad de los agentes de Pastoral, de sus equipos de trabajo y de los mismos indocumentados, quienes son víctimas de abusos, secuestros y asesinatos.
El coordinador de la Pastoral de Migrantes de la Zona Sur Golfo, Alejandro Solalinde, incluso sostuvo que en México no se combaten los secuestros, abusos y asesinatos contra migrantes, porque se ignora dónde está “la raya” entre las autoridades y los grupos de delincuencia organizada.
“Nosotros estamos descubriendo cada vez más el flagelo que vive México en la corrupción, en la impunidad, el no saber dónde está la raya entre las autoridades y la delincuencia organizada”, apuntó.
“Hay colusión, hay corrupción, impunidad y hay complicidad”, puntualizó.
Defender los derechos de los migrantes en México, consideró Solalinde, se configura cada vez más como si fuera un delito, debido a los riesgos y la intimidación constante que sufren loa activistas.
El sacerdote dijo que el gobierno de México debe definir “claramente” de qué lado está, con el fin de que no impida sino colabore en el cumplimiento de la ayuda humanitaria a los migrantes mexicanos, centro y sudamericanos.
En el marco del encuentro, los activistas emitieron un comunicado en el que denunciaron que “la labor pastoral humanitaria y solidaria que desarrollamos ha sido violentada, como todo el contexto social que vive México, nos han hostigado y amenazado con la intención de terminar con nuestra labor y con las mismas personas migrantes”.
Asimismo, las organizaciones exteriorizaron su respaldo a los activistas que recientemente han sido amenazados, entre ellos el propio Solalinde, director de la Casa del Migrante “Hermanos en el Camino”, de Ixtepec, Oaxaca; Olga Sánchez, directora del Albergue “Jesús El Buen Pastor”, de Tapachula, Chiapas; Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante “Belén”, de Saltillo, Coahuila, y Guadalupe Calzada Sánchez, de la Casa San Juan Diego, ubicada en Lechería, Estado de México.
Solalinde también denunció que el pasado 2 de febrero un grupo de 30 migrantes fueron secuestrados en Tierra Blanca, Veracruz, y hasta la fecha se desconoce su paradero.
La hermana Leticia Gutiérrez, secretaria ejecutiva de la
Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, dijo que el 2 de julio del año pasado, elementos de la Policía Federal (PF) irrumpieron ena Casa del Migrante San Juan Diego:
“Tenemos vídeos, placas de las camionetas que utilizaron, captamos rostros de agentes que se introdujeron y hemos hablado directamente a Genaro García Luna (secretario de la SSP federal), y hasta ahora no se ha detenido a ninguno de los responsables”, mencionó.
En cambio, se incrementaron las amenazas y hostigamiento contra migrantes y contra los agentes de Pastoral, al grado que la responsable de ese refugio debió ocultarse luego de que recibió amenazas de muerte vía telefónica.
“Le dijeron: tú eres el foco 65, tú ya tienes fecha de muerte: el 9 y 10 de febrero”, precisó.
Este es sólo un ejemplo, detalló, “de las amenazas que están sufriendo nuestros agentes de la Pastoral”.
Gutiérrez Valderrama aseguró que los abusos que sufren los migrantes en México son de los más “salvajes y violentos” en contraste con los que padecen en Estados Unidos.
 “Aquí si nos atrevemos a desaparecer a los migrantes, a matarlos y hacerlo de manera masiva”, expuso, y prueba de ellos es “lo que ocurrió en San Fernando, Tamaulipas”, donde fueron masacradas 72 personas.

También en Puebla

El titular de la Pastoral de Migrantes en Puebla, el sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate, afirmó que en los recorridos por esa entidad han confirmado que Puebla no sólo es expulsor de migrantes, sino que también es paso de transmigrantes centroamericanos y sudamericanos, que igual son acosados por el crimen organizado.
El clérigo dijo que esto ha ocurrido desde hace años, porque los grupos delictivos reciben la protección de las autoridades municipales, principalmente en las zonas de Amozoc, Xoltepec, Grajales, Tepeyahuac y en la región mixteca.