OAXACA, Oax., 21 de febrero (apro).- Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de esta ciudad rechazaron la nueva ley de migración que se discute en el Senado de la República porque consideran que se trata de un intento más para “criminalizar” a los inmigrantes, e incluso la equipararon con la ley Arizona.

En un documento fechado en Ciudad Ixtepec y dirigido a agrupaciones nacionales e internacionales, integrantes de la Caravana “Paso a Paso Hacia la Paz”, Albergue de Migrantes “Hermanos en el Camino”, Movimiento Migrante Mesoamericano, “Familias Latinas Unidas” y “Lazos de Sangre”, afirman que la nueva ley de migración dará facultades y atribuciones a la Policía Federal (PF) para perseguir a los inmigrantes.

Dicha norma, agregan, también pretende legalizar la persecución hacia los inmigrantes en todo el país, con operativos y redadas en las vías férreas y rutas de tránsito.

El documento cuestiona particularmente el Artículo 26, donde se menciona que “la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal”, tendrá atribución de “colaborar con el Instituto (Nacional de Migración), cuando así lo solicite, para vigilar la entrada y salida de personas a territorio nacional en cualquier forma o medio de transporte en que lo hagan”.

Además, podrá “llevar a cabo revisiones migratorias en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el Instituto”.

Según los inconformes, “esta ley es hostil, criminalizadora y antiinmigrante, equiparable a la ley Arizona, ya que permite a la policía ejercer la labor de cuestionar y asegurar a los inmigrantes, en un contexto de seguridad y no de administración como el caso lo amerita”.

Permitir que la PF haga este trabajo, agregan, pondría en riesgo la integridad física de los inmigrantes y dará paso a que sus derechos sean violentados por parte de dicha corporación, tal como se ha documentado en diferentes partes del país.

Asimismo, recuerdan que la experiencia que les dejó el 2010 es una serie de violaciones de la PF contra la población inmigrante, “y finalmente todo quedó en la impunidad”, por lo que expresan su total desconfianza a las funciones que pretenden dar a elementos de esa corporación.

Entre sus preocupaciones, resalta el hecho de que se eleve a rango de ley los operativos porque entonces lo que sigue, añaden, será  la criminalización a los observadores de dichos operativos, quienes podrían ser acusados de obstrucción de la justicia, como es el caso reciente del defensor de derechos humanos Fray Tomás, denunciado por el Instituto Nacional de Migración por el hecho de tomar fotografías  durante un  operativo en Tenosique, Tabasco.

Los planteamientos, insisten, son una mala señal del gobierno de México para las pretensiones de una nueva ley migratoria de Estados Unidos, por lo que convocaron “a la sociedad civil a pronunciarse ante este intento de criminalizar a los inmigrantes en nuestro país, legalizando la persecución  federal contra nuestros hermanos del sur”.

No obstante, confían en que “los legisladores reflexionen y analicen cada parte de esta ley para que esté apegada a los derechos humanos y concuerde con el derecho internacional”.