Presentan ante la ONU casos de violaciones a los derechos de las mujeres en México

lunes, 21 de marzo de 2011

MÉXICO, D.F., 21 de marzo (apro).- Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) casos de agresiones contra mujeres en México, así como la impunidad generada por la inacción de las instituciones encargadas de procuración e impartición de justicia.
    En el marco del 16 Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, Suiza, del 14 al 16 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, y  la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, sostuvieron reuniones paralelas con relatorías de violencia contra las mujeres, de derechos de migrantes, de salud y de los efectos nocivos de los vertedores de desechos tóxicos, así como con diversas delegaciones diplomáticas.
    A la relatora de la Violencia contra la Mujer, Yakin Ertük, los organismos le presentaron los casos de las agresiones sexuales contra mujeres detenidas en San Salvador Atenco, Estado de México; de la indígena maya Basilia Ucán Nah, sentenciada a 12 años de prisión; y los crímenes y amenazas contra defensoras de derechos humanos en Chihuahua.
    En un comunicado, las organizaciones destacaron el caso de 11 mujeres de Atenco violadas por policías durante un operativo efectuado en mayo de 2006. Manifestaron su preocupación por la impunidad que envuelve el caso de Atenco, así como por la falta de cumplimiento a las recomendaciones que sobre el mismo le hicieron el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación con la Mujer (CEDAW).
Exhortaron a dichos comités a solicitar al Estado mexicano información actualizada sobre el caso debido a que “ha incumplido su deber de entregar su informe al CAT desde 2010”.
    Después de casi cinco años de la incursión policíaca en San Salvador Atenco, el caso se ha convertido en “paradigmático de la violencia institucional por las autoridades del Estado mexicano y de la impunidad que caracteriza a los abusos policiales”.
    Las organizaciones dieron detalles del caso de la indígena maya Ucán Nah, encarcelada en la prisión de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, quien fue sentenciada a 12 años de prisión, tras “un proceso irregular”.
    Sobre la situación de defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, los activistas que acudieron a Ginebra denunciaron que “la falta de implementación de un mecanismo adecuado para salvaguardar el trabajo de activistas así como su vida e integridad, aumenta las condiciones  de vulnerabilidad en las que ya se encuentran debido a su labor”.
    Los defensores aseguraron que en Ginebra se realizó un evento paralelo “con la finalidad de dar a conocer la lacerante situación de los derechos humanos en México, en especial la falta de garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos, así como la impunidad prevaleciente en el caso Atenco, en especial la falta de acceso a la justicia para las mujeres denunciantes de tortura sexual”.
    En el comunicado destacaron que delegaciones de Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y organizaciones internacionales, manifestaron interés por el cumplimiento de las recomendaciones que se hizo a México en el Examen Periódico Universal (EPU) en 2009, en especial las referentes al acceso a la justicia, a la violencia contra la mujeres y la tortura.
     Tras informar que en México ocurren 22 mil secuestros de inmigrantes al año, en reunión con la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, las organizaciones presentaron la iniciativa de crear una visa temporal de protección para transmigrantes.
    Asimismo, presentaron ante los relatores sobre Salud y sobre los efectos nocivos de los vertederos de desechos tóxicos y peligrosos, el caso del relleno sanitario de San José Huilango, junto al que se construyó el conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
    Las organizaciones notificaron a los relatores que el relleno sanitario “no cumple con las medidas mínimas para aminorar el impacto ambiental causado por la contaminación del aire debido a los gases emitidos, los químicos vertidos en el relleno, la dispersión de la basura, el flujo de aguas negras en la zona y la falta de mecanismos adecuados de salud para salvaguardar la integridad de la población”.