Incluir la figura de "desplazados internos" en la ley, pide la ONU a México

miércoles, 9 de marzo de 2011

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 9 de marzo (apro).- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) demandó a los gobiernos federal y estatal incluir en su marco jurídico el reconocimiento de la figura de “desplazados internos”.
En el marco del foro “Diálogo sobre cultura de paz, desarrollo local y desplazamiento interno de personas” que organiza la Oficina de las Naciones Unidas en esta ciudad, el director de la oficina en Chiapas del PNUD, Oscar Torrens, señaló que, a 16 años del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no ha sido erradicado el fenómeno de los desplazados internos, por lo que, dijo, es importante darles reconocimiento jurídico.
Durante el evento, en el que se dieron cita expertos de México y Colombia, así como activistas de diversos organismos no gubernamentales, los organizadores explicaron que los “desplazados internos” son aquellas personas o grupos de personas que sin haber cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, o bien por situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
De acuerdo con José Antonio Montero, uno de los coordinadores del foro, en México históricamente el desplazamiento interno forzado se ha originado por múltiples causas, entre las que destacan disputas por tierras, tráfico de estupefacientes, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y desastres naturales.
Señaló que Chiapas ha tenido desplazados internos desde los años setenta, cuando por razones de intolerancia religiosa se empezaron a registrar miles de expulsados del municipio de San Juan Chamula porque no profesaban la fe católica o se habían cambiado a otras denominaciones religiosas protestantes.
La segunda oleada de desplazados internos se registró después del alzamiento armado del EZLN, en enero de 1994, cuando indígenas y campesinos dejaron sus hogares al quedar entre la línea del grupo armado y del Ejército Mexicano. También huyeron bases de apoyo del EZLN, ya que empezaron a ser perseguidos, expulsados o asesinados por grupos paramilitares.
En 2003, Francis Deng, entonces representante del Secretariado General de la ONU para los Desplazamientos Internos, señaló que no había estadísticas oficiales sobre desplazamientos internos, pero las fuentes consultadas tenían cifras entre 7 mil y 21 mil desplazados internos.
En entrevista, Torrens manifestó que si el relator Deng viniera de nueva cuenta a México, y particularmente a Chiapas, se daría cuenta de que apenas se ha avanzado 40% de lo que en su informe delineó que debía trabajarse.
Lo más importante ahora, añadió, es darle una figura jurídica a los desplazados internos, ya que eso les dará rostro y luego podrán desplegarse políticas públicas para su atención.
Según Torrens, esa figura jurídica no sólo aplicaría para desplazados de Chiapas, sino para muchos otros del norte del país que están siendo desplazados por la guerra contra el crimen organizado.
En los estados del norte del país, detalló, ha quedado constancia de cómo los grupos del crimen organizado han arrasado con pueblos enteros, y los pocos los pobladores que se quedan tienen que recurrir al desplazamiento forzoso.
Tras conocer el planteamiento del PNUD, más de una docena de organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, que trabajan de forma particular con desplazados internos, señalaron que “cualquier propuesta de ley debe retomar el concepto de desplazado interno contenido en los principios Deng”.
Además, agregaron, debe estar basada en una perspectiva de derechos humanos, tanto individuales como colectivos, bajo criterios pro-persona, de acuerdo con la práctica jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En un pronunciamiento que fue firmado, entre otros, por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, pidieron que las víctimas de desplazamiento forzado sean inmediatamente atendidas por el Estado para salvaguardar su integridad.
Asimismo, explicaron que mientras se encuentren en situación de desplazamiento y hasta su retorno o reubicación, las víctimas deberán ser tratadas con respeto y dignidad, de acuerdo con su condición cultural, de género y de edad; protegidas del abuso, la discriminación, la explotación sexual y laboral, y garantizarles el goce de todos sus derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo el acceso pleno a la jurisdicción del Estado.
Entre otros puntos, plantearon que el estado de Chiapas “tendrá la obligación de coordinar y crear las instituciones, normas y reglamentos, así como dotar de los recursos que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de una ley sobre desplazamiento forzado”.
Los organismos de derechos humanos alertaron que estarán atentos y vigilantes de ese proceso, “a fin de que cumpla con los más altos estándares de derechos humanos y de una verdadera práctica democrática”.

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