Irrupción en la Catedral reaviva pleito entre la Iglesia Católica y el PRD

lunes, 25 de abril de 2011 · 01:00

MÉXICO, DF, 25 de abril (apro).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó hoy su “total rechazo y condena” a la irrupción  de presuntos evangelistas de Ecatepec, Estado de México, en  la Catedral Metropolitana de esta ciudad, mientras el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, celebraba la misa de la Resurrección.
    En un comunicado de prensa, dice la CEM:
    “Ante la irrupción violenta y la profanación del espacio más sagrado de la Iglesia católica, como lo es la celebración de la sagrada Eucaristía, por un grupo de personas carentes de sensibilidad hacia la fe que profesa el pueblo mexicano, queremos expresar nuestro total rechazo y condena a estas acciones, así como la firme y total comunión y solidaridad con la arquidiócesis primada de México y su arzobispo primado, cardenal Norberto Rivera Carrera”.
    El máximo órgano de la jerarquía católica del país –que aglutina a más de cien obispos-- agrega que los manifestantes que irrumpieron en Catedral “no se conformaron con el solo hecho de interrumpir la santa misa, sino de provocar y lastimar un sentimiento religioso, con la destrucción de la imagen de nuestra Santísima María de Guadalupe”.
    De esa manera la CEM aludió a la destrucción de una imagen de la Guadalupana, como un acto más de protesta realizado por el grupo de inconformes, siete de los cuales fueron detenidos por personal de seguridad de la Catedral, para luego ser entregados a la policía del Distrito Federal.
    Indican los obispos que “nos preocupa la frecuencia con la que se están repitiendo estos deplorables hechos, principalmente en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de México, atentando contra la fe y agravando el clima de incertidumbre, violencia e inseguridad que flagela a nuestro México”.
    Firmado por monseñor Víctor René Rodríguez, secretario general de la CEM, el comunicado concluye señalando que estos actos limitan el derecho a la manifestación de la fe:
    “La ambigüedad de las leyes que prevalecen en el Estado mexicano y la falta de una plena libertad religiosa continúan creando las condiciones propicias para la intolerancia, para la libre expresión de las ideas de los ministros de culto y, por consiguiente, el acotamiento de las expresiones de fe en público o privado, limitando con esto el derecho humano más fundamental que es la manifestación de la fe”.
    Por separado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, reprobó el comportamiento de los manifestantes pertenecientes a una agrupación religiosa denominada “La Casa de Dios --que, por cierto, carece de registro en la Secretaría de Gobernación--, durante la liturgia del domingo 24 en la Catedral Metropolitana.
    “Me parece muy censurable bajo cualquier concepto que un grupo, el que sea, o una persona, irrumpa o trate de interrumpir el culto de otras personas, la base de la tolerancia debe ser el respeto irrestricto a los cultos”, condenó el gobernante capitalino.
El domingo pasado, durante la celebración de la misa de Pascua, seis mujeres y un hombre irrumpieron en la Catedral Metropolitana y lanzaron consignas contra la Iglesia y jerarquía católicas, y rompieron, además, una imagen de la Virgen de Guadalupe.
El presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, afirmó que las personas que interrumpieron la liturgia eran perredistas y llamó a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, a evitar ese tipo de actos.
Sin embargo, Zambrano desmintió esas afirmaciones e incluso reveló que él profesa la religión católica.
Entrevistado sobre el incidente, Ebrard afirmó que “lo que haremos es seguir cumpliendo nuestro deber en lo que hace a proteger a quienes van a la Catedral y a quienes van a todos los templos de la Ciudad de México”.
Aseveró que lo necesario es “simplemente actuar con toda energía como lo hicimos ayer, yo no voy a permitir que eso ocurra en la ciudad”.
No obstante, la madrugada de este lunes las siete personas que fueron detenidas en la homilía del domingo, seis mujeres y un hombre, fueron liberados luego que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) descartó que hubiera daño en propiedad ajena.
El procurador Miguel Ángel Mancera dijo que los detenidos fueron presentados por “posible daño en propiedad ajena, pero se determinó que la figura que fue destruida era la que ellos portaban y no se configuraba el allanamiento, puesto que se trata de un lugar público”.
Al respecto, el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar, exigió que se castigue a quienes irrumpieron en la Catedral mientras oficiaba misa el cardenal Norberto Rivera Carrera.
Valdemar lamentó que un acto como ese no tenga consecuencias legales y tampoco haya castigo para esas personas que, además de causar daños en el templo, pudieron ocasionar una confrontación mayor.
Insistió en señalar que “por la forma de actuar, todo parece indicar que el PRD está atrás de estos hechos, porque el modus operandi ha sido muy similar al de otras ocasiones.
“Ante un hecho así, lo primero que nos viene a la mente es pensar en ellos que, por cierto, se deslindan, pero nosotros en varias ocasiones hemos demostrado que se trata de simpatizantes y gente de ellos”, subrayó el prelado.
Rechazó entablar un diálogo con la dirigencia perredista a menos que ésta retire las demandas que presentó el PRD capitalino contra la Arquidiócesis de México y contra su persona, por asegurar que las leyes creadas por ese partido, como la del matrimonio entre parejas del mismo sexo, son más nocivas incluso que el narcotráfico.
Valdemar reconoció que las autoridades capitalinas actuaron con diligencia el domingo pasado y que, si no hay comunicación con éstas, es “porque no es necesaria”.
En agosto pasado, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez afirmó que el jefe de Gobierno capitalino había “maiceado” a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) para que reconocieran la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Por esa razón, Ebrard Casaubón presentó una denuncia por difamación.

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