MÉXICO, D.F., 29 de abril (apro).- El gobierno calderonista extraditó hoy a Estados Unidos a otro capo del narcotráfico, ahora del clan de los Arellano Félix, cuya zona de influencia se concentra en el estado de Baja California.

Se trata de Benjamín Arellano Félix, El Licenciado, quien se encontraba internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), Arellano Félix era requerido por las autoridades estadunidenses, particularmente por la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde tiene radicada una acusación por los presuntos delitos de  asociación delictuosa, lavado de dinero y contra la salud.

Antes de su detención, en 2002, Benjamín era considerado como el cerebro operativo y financiero de la organización Arellano Félix, amén de encargarse de la manutención de la familia.

Gracias a su habilidad para los negocios, logró introducir toneladas de droga a Estados Unidos y mantuvo alejados al resto de los cárteles de la droga de Baja California hasta el 9 de marzo de 2002 cuando fue aprehendido por el Ejército Mexicano en una casa en Puebla.

El 8 de mayo de 2007, le fue cumplimentada la orden de detención con fines de extradición internacional dictada por el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

La dependencia informó que una vez agotadas las etapas del procedimiento de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo correspondiente por medio del cual México concedió la extradición del reclamado al gobierno de los Estados Unidos.

El operativo de entrega se realizó este viernes en el hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, donde elementos de la Agencia Federal de Investigación con apoyo de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, entregaron al extraditado a agentes del Servicio de Marshals de los Estados Unidos.

Los pasos de Benjamín

Benjamín Arellano y su familia vivían sin problemas en San Antonio, Texas, y en una zona exclusiva de San Diego conocida como La Jolla.

Sin embargo, su suerte cambio cuando cambió su estrategia y decidió enviar a su familia a México, primero a Monterrey, a la exclusiva zona de San Pedro Garza García, donde compró dos residencias, una para la suegra y otra para sus hijas.

Pocos meses después del cambio de residencia, el Ejército empezó a seguir los pasos de la familia: se tomaron fotos de la esposa, Norma Ruth, así como de las hijas, y se ubicó la escuela donde estudiaban, en la que aparecían registradas como hermanas de la mamá.

El 26 de agosto la familia salió de Nuevo León, pues se percataron de que eran vigilados por el Ejército, pero Benjamín no aparecía. Decidieron radicar en el Distrito Federal hasta enero de este año. El Ejército siguió sus pasos.

Posteriormente, la esposa de Benjamín compró una casa en Puebla. Se consultó el Registro Público de la Propiedad y se descubrió que la señora entregó su credencial de elector con otro nombre, pero pronto el grupo especial del Ejército obtuvo fotos de la familia... Pero no aparecía Benjamín.

El 8 de marzo, a las ocho de la noche, llegó a Puebla Benjamín en un coche con un chofer. Provenía del Distrito Federal, lugar donde,  quizás estuvo un tiempo.

"De inmediato el grupo especial tomó fotos, videofilmaron su llegada, revelaron el material, lo identificaron y entraron a la casa a las 10 de la noche."

Benjamín fue detenido formalmente el 9 de marzo de 2002, acusado de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y contra la salud, los mismos por los que fue extraditado ahora a Estados Unidos.

En aquel tiempo, el reportero Ricardo Ravelo entrevistó al entonces director del semanario Zeta, Jesús Blancornelas, quien hizo un retrato del clan.

He aquí la entrevista publicada en el semanario Proceso el 17 de marzo de 2002 (número 1324).

-¿Es verdad que pretendió corromper a los militares?

-No, quiso sacar la pistola, pero no tuvo tiempo. A la esposa le quitaron 4 millones de dólares.

Blancornelas está convencido de que la caída de Benjamín y la muerte de Ramón no acaban con el negocio, pues la familia Arellano está integrada por ocho miembros -seis hombres y dos mujeres-, todos están metidos en el negocio.

Analiza: "El relevo natural es Eduardo, aunque no hay que descartar a Francisco Xavier, el más chico de todos, tiene 33 años, le dicen El Tigrillo y es violento como Ramón. Es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. También hay dos hermanas, Ana María Isabel y Enedina, esta última es licenciada en contaduría y ha participado en la organización de los principales negocios para lavar dólares".

-¿Entonces, no se acaba el cártel?

-Si el director de un periódico se muere o lo despiden, mañana nombran otro y el periódico sigue saliendo. Así ocurre con los cárteles. Y bajo el supuesto de que acabaran con todos los Arellano, van a venir otros y siguen con el negocio, porque hay demanda de droga. Los Arellano tienen 50% de dominio del territorio nacional. Si tú juntas las fuerzas de todos los cárteles, se igualan con los Arellano.

Con Blancornelas coincide Raúl Ramírez Baena, procurador de Derechos Humanos de Baja California, quien sostiene que tanto Ramón como Benjamín "eran sacrificables", por lo que la captura y el asesinato no representan un golpe mortal contra el cártel.

Reconoce que la situación actual es preocupante, hay temor en la sociedad, porque los narcos están golpeando mucho a las comunidades fronterizas y a otros estados del país, como Sinaloa y Jalisco.

-¿La detención de Benjamín y la aprehensión de Ramón permiten que en esta entidad ya se viva en paz?

-No, al contrario, hay una psicosis tremenda que no acaba con la captura y muerte de estos cabecillas. Esto sugiere la aparición de nuevos líderes igual o peor de violentos. Lo más grave es que el gobierno no continúa las detenciones.

Y en efecto, en los últimos días aumentó la tensión en Baja California ante el temor de que se desatara una oleada de ejecuciones, como ha ocurrido en Sinaloa. Por lo pronto, la noche del lunes 11 fue ejecutado en pleno centro de Tijuana Rodolfo Carrillo Barragán, abogado a quien se vincula con los hermanos Arellano Félix.

Entre los abogados tijuanenses, quienes el miércoles 13 se reunieron con el delegado de la PGR, Arturo Guevara Valenzuela, para demandar mayor seguridad, trascendió la versión de que Carrillo sería el defensor de Benjamín, y el jueves 14, en Mazatlán, fue asesinado Abelardo Zataráin Ontiveros, gatillero de Ramón Arellano Félix.

Los cómplices
La protección oficial a favor de los hermanos Arellano Félix fue documentada en 1993 por el Centro Binacional de Derechos Humanos, cuyo director es Víctor Clark Alfaro.

En entrevista, Clark Alfaro cuenta que, al realizar una investigación sobre la tortura, se topó con datos y evidencias sobre cómo durante el gobierno de Ernesto Ruffo, primer gobernador panista del país, la organización de los Arellano Félix compraba credenciales de policía por entre 8 mil y 10 mil dólares. El enlace con los Arellano -afirma- era Sergio Sandoval Ruvalcaba, jefe de escoltas del procurador del estado, Juan Francisco Franco Ríos. Y muestra al reportero un montón de fotocopias de credenciales, todas firmadas por Franco Ríos, en las que aparecen las fotografías de varios sicarios del cártel de Tijuana.

Afirma, sin embargo, que meses después se dio cuenta de que la articulación del narcotráfico con el poder iba más allá de las credenciales, y que para los Arellano había todas las facilidades para operar con impunidad en Baja California.

Narra que, con el apoyo de cuatro informantes, logró profundizar la investigación y, meses después, se entrevistó con Carolina Vela, subprocuradora de la PGR, a petición de Arturo Ochoa Palacios, entonces delegado de la PGR en Baja California.

"Me dijo que, por órdenes del presidente Carlos Salinas y del doctor Jorge Carpizo (entonces procurador general de la República) llevaban dos meses investigando los vínculos del gobierno de Ruffo con el narcotráfico, en particular con el cártel de Tijuana, que lo único que faltaba para aprehender a varias personas era una denuncia penal, y que tenía interés en hablar con mis informantes."

De acuerdo con Clark Alfaro, en la mira de la PGR estaban Claudio Ruffo, hermano del gobernador; el procurador Franco Ríos y el jefe de escoltas, Sergio Sandoval Ruvalcaba.

-¿Qué pasó después?

-Hablé con los muchachos (los informantes) y los convencí de que presentaran la denuncia, no obstante los riesgos. En una segunda entrevista con la subprocuradora Vela, me comentó que ya tenían una averiguación abierta, que era la 3355/93, integrada con el escándalo de las credenciales, y que sería reforzada con la denuncia de los informantes. Le pedí protección para los muchachos, pero me dijo que no tenía facultades para otorgarla. Entonces le pedí que gestionara una cita con el doctor Jorge Carpizo. Aceptó.

Recuerda que viajó a la Ciudad de México y habló con Carpizo, "quien me dijo que estaban trabajando en esa investigación y que era muy importante la denuncia penal. Durante la charla, el doctor Carpizo escuchaba música clásica y le subió el volumen al aparato de sonido porque tenía temor de que alguien escuchara la conversación. Luego nos despedimos con un abrazo.

"Ese mismo día fui a ver a la licenciada Vela para acordar cuándo venía a Baja California con el grupo especial de agentes para aprehender a Claudio Ruffo y al resto de las personas acusadas. Dos semanas después, llegó y le pedimos que la declaración fuera en territorio estadunidense, pero argumentó que se le había olvidado el pasaporte.

"Finalmente, los informantes declararon todo lo que sabían sobre los nexos del procurador, de su jefe de escoltas, de Claudio y de varios agentes con el narcotráfico. Pensé: Esto será devastador, va a caer el gobierno de Ruffo."

-¿De la información que ustedes obtuvieron se acreditó que el gobierno de Ruffo tenía nexos con el cártel?

-No sólo bastaban nuestras investigaciones. Los hechos decían eso. En ese período, los Arellano Félix cometieron una serie de asesinatos con la mayor impunidad; en una ocasión aprehendieron a uno de los Arellano, El Tigrillo, y después lo dejó ir el comandante Juan Francisco Fiol. Todo se lo declararon los informantes a la subprocuradora de la PGR. Lo peor es que nunca se hizo el operativo para detener a los acusados. Entonces, viajé a México y me entrevisté con el procurador Carpizo, pero ya tenía otra actitud.

-¿Qué le dijo?

-Le dije que estábamos esperando las aprehensiones y que el riesgo aumentaba para los muchachos informantes. Carpizo se levantó, se dirigió al librero, tomó un libro y me dijo: "Entienda, licenciado, éste es un asunto político, es una decisión presidencial, éste es el primer gobierno panista". Le recriminé que había prometido que iban a aprehender a los acusados y que la licenciada Vela había ofrecido regresar a Baja California con un grupo especial de agentes. Me comentó que no me preocupara, que me daba la garantía de que esa averiguación no la conocería nadie. Para garantizar la protección de los informantes, le pedí que los incorporara como agentes de la Policía Judicial Federal. De inmediato habló por teléfono y ordenó su ingreso, sin pasar por la academia.

Meses después, Clark se sorprendió al leer, en un periódico, parte de la declaración que había rendido uno de los informantes, Rafael López Cruz, quien había dicho que en una ocasión, al acompañar a Claudio Ruffo a una casa de la colonia Juárez, vio cuando el hermano del gobernador sacó una bolsa con un polvo blanco, que era cocaína. En 1997, el informante fue asesinado.

-Ahora que está muerto Ramón y detenido Benjamín Arellano, ¿qué piensa usted de la investigación que ordenó Salinas contra el gobierno de Ruffo?

-Que Salinas quería tener información clave para guardarla bajo la mesa, porque el gobierno de Ruffo fue privilegiado durante el gobierno de Salinas: fue intocado en los asuntos de corrupción e impunidad, pero Salinas tenía un juego perverso y quería tener información de esos vínculos con el narco.

Dice que a principios del sexenio de Ernesto Zedillo, el procurador Antonio Lozano tuvo la urgencia de revivir la investigación.

-¿Cree que el objetivo era aplicar la ley y castigar a las personas acusadas?

-Supuse que Lozano quería golpear a Ruffo sacando esa información con una denuncia ya ratificada y que la querían utilizar como instrumento político.

-¿Qué sabe ahora del destino de la averiguación previa contra Ruffo?

-Nada. Cuando platiqué con Hiram Escudero, uno de los subprocuradores que tenía Lozano, hizo oídos sordos y no hubo respuesta. Me quedó claro que la averiguación fue congelada. En esta administración de Vicente Fox, seguramente la averiguación debe ser un documento de colección en la PGR.