MÉXICO, D.F., 5 de abril (apro).- El gobierno de Felipe Calderón se comprometió ante la ONU a “prevenir y combatir los abusos contra los migrantes” --quienes tienen como “principal amenaza” al crimen organizado--, y anunció que han sido detenidos más de 900 presuntos traficantes de indocumentados.

El gobierno de México emitió hoy un comunicado sobre la postura que asumió durante la sesión de trabajo del Comité sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, realizada en Ginebra, Suiza, y que estuvo representada por el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río.

En la sesión de la ONU se afirmó que “en los últimos años se ha agudizado el problema” de los abusos contra los inmigrantes en México.

En el comunicado, emitido de manera conjunta por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron como un avance para proteger a los inmigrantes la Ley de Refugio, promulgada recientemente; la iniciativa de Ley de Migración que se discute en el Congreso, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos en proceso de ser aprobada en los congresos locales.

De acuerdo con el documento, en la sesiones del 4 y 5 de abril del Comité sobre la Protección de los Derechos de los Migrantes, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, indicó que “la principal amenaza para los inmigrantes en México está constituida por la delincuencia organizada”, y agregó que México “cuenta con una estrategia integral” para combatir los delitos que se cometen en contra de las personas que ingresan al país sin documentación con la intención cruzar el país rumbo a Estados Unidos.

Sin precisar el periodo, el funcionario calderonista informó que se detuvieron a 966 personas acusadas de tráfico de migrantes, en tanto que el Poder Judicial ha dictado 602 sentencias.

Sobre los avances de en las investigaciones de la masacre de 72 indocumentados centroamericanos de San Fernando, Tamaulipas, Beltrán del Río informó a la ONU que ocho personas fueron detenidas y que “se ha mantenido una estrecha colaboración con todos los países involucrados”.

Aseguró que México ha adoptado el esquema de “visas humanitarias” para “facilitar la participación de migrantes víctimas y testigos de delito en procesos judiciales”.

Asimismo, afirmó que en las estaciones migratorias “no se toleran vejaciones”; que a los inmigrantes se les procura salud y alimentación; que las visitas de los cónsules son abiertas y que hay estrictos controles de confianza de los funcionarios.

De acuerdo con el comunicado de Gobernación y Exteriores, el titular del INM aseguró que el gobierno de Calderón tiene “pleno compromiso” para otorgar las medidas cautelares a responsables de albergues dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH).

Según el comunicado, también se han tomado medidas de protección para la población vulnerable que ingresa a las estaciones migratorias, esto es, mujeres, niñas y niños inmigrantes.

Ambas dependencias destacaron que los miembros del Comité “reconocieron” los avances de México y coincidieron con el gobierno mexicano en “la amenaza que representa el crimen transnacional organizado”.

El Comité de la ONU, señalaron ambas secretarías, “exhortó (a México) a continuar con los esfuerzos para consolidar una coordinación efectiva entre los diferentes ámbitos de gobierno, así como el positivo intercambio de buenas prácticas con los países de la región”.

Asimismo, destacaron la voluntad política de Estado mexicano  y su compromiso con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes.

Agregaron que la delegación mexicana se reunió también con organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, International Catholic Migration Comisión e Sclabrini International Migration Network.