GUANAJUATO, Gto., 5 de mayo (apro).- El alcalde de Acámbaro, el perredista Gerardo Silva Campos, denunció que luego del operativo desplegado en contra de policías y funcionarios de su administración por corporaciones estatales y la Policía Federal (PF), se dejó sin vigilancia y protección a los habitantes, a pesar del compromiso de la SSP del estado de asumir estas funciones.
    En entrevista con Apro, el edil afirmó que fueron los propios preventivos quienes, después de culminado el operativo y una vez que fueron puestos en libertad por la PGJE, retomaron su labor de vigilancia en las calles de este municipio.
    De los más de 200 policías municipales, 14 quedaron detenidos como resultado del mega operativo de la Policía Ministerial, Fuerzas de Seguridad del estado y la PF; entre ellos, el director de Seguridad Pública municipal, Pedro Gutiérrez Ávila.
    El jefe policíaco fue señalado por la PGJE como un funcionario que presuntamente colaboraba y permitía las actividades delictivas de integrantes de La Familia michoacana, como extorsiones, secuestros, distribución y venta de droga y ejecuciones.
    Al respecto, Silva Campos dijo que Gutiérrez Ávila es un policía con más de 25 años de carrera en esa corporación y había sido ratificado como titular de Seguridad Pública en esta administración, luego de haber ocupado el cargo desde el trienio anterior, cuando gobernó el panista César Larrondo.
    Sin embargo, el alcalde dijo no tener información sobre las pruebas o elementos que tiene la PGJE para consignar a los detenidos.
    Eso sí, aseguró que será respetuoso de la investigación que realice la Procuraduría y el proceso que se siga en los juzgados, aunque se quejó de que una vez que concluyó el operativo “que sitió a la ciudad”, todos los agentes se retiraron y el ayuntamiento debió tomar medidas urgentes para prestar el servicio de vigilancia.
    Los detenidos en Acámbaro fueron concentrados en las instalaciones de la PGJE en la capital del estado, y esta tarde fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría general de la República (PGR) para ponerlos a disposición de la autoridad federal.

INDAGAN OPERATIVO CONTRA POLICÍAS DE GUANAJUATO

El ombudsman estatal abrió dos expedientes de queja con un total de 33 denuncias por supuesta detención arbitraria, allanamiento de morada y lesiones a policías y funcionarios detenidos en los operativos de depuración encabezados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en dos municipios del sur de la entidad.
    El titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos del (PEDH),  Gustavo Rodríguez Junquera, comentó que varios de los detenidos en el primer operativo, efectuado en Tarandacuao el fin de semana, exhiben huellas de golpes, por lo que el organismo a su cargo investiga si fueron ocasionados durante la detención o posteriormente, cuando rindieron sus primeras declaraciones.
    Los 26 detenidos en el operativo de Tarandacuao permanecen recluidos en el Centro de Readaptación Social de León.
Las denuncias fueron interpuestas por sus familiares en la Subprocuraduría de la región E en Acámbaro, y ratificadas por los propios detenidos ante personal de la PEDH que los visitó el miércoles 4 en el penal y sostuvo entrevistas con cada uno de ellos durante todo el día, informó el organismo.
    Además, se requirió a la PGJE y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un informe sobre el desarrollo de los operativos y el proceder de los elementos que participaron, el cual se entregó hoy mismo al ombudsman estatal.
    Mientras, en el transcurso de ayer y hoy, parientes de 11 de los 17 detenidos en Acámbaro también interpusieron su respectiva queja ante la PEDH, que inició el segundo expediente.
    Entre los detenidos figuran 14 preventivos, así como dos encargados de atender la línea de emergencias 066 y un abogado que trabaja en la Coordinación Jurídica del Municipio, a quien se señala como distribuidor de drogas para La Familia michoacana, según informes de la PGJE.