Indagaban a grupos subversivos federales linchados en Tláhuac: PF

jueves, 23 de junio de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- El comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, reveló hoy que los tres agentes de la corporación linchados en Tláhuac en noviembre de 2004 –dos de los cuales fueron quemados vivos–, investigaban la presencia de grupos subversivos en la capital del país. Aún más, mencionó que Alicia Zamora, La Gorda, y su esposo Eduardo Torres, presuntos instigadores del linchamiento y detenidos hace unos días por elementos de la corporación, tienen vínculos con organizaciones subversivas que operan en la zona sur de la metrópoli. El funcionario policiaco añadió: “Este matrimonio estaba vinculado con grupos de apoyo a movimientos armados, a grupos radicales vinculados particularmente con el movimiento de masas, de ahí la capacidad que tuvieron para movilizar rápidamente a los habitantes de esta colonia para poder detectar a los oficiales de la entonces Policía Federal Preventiva. “Y después, a sabiendas de que no se trataba de lo que se manejó en un principio de presuntos secuestradores de menores, pues procedieron a golpearlos, a privarlos de la vida a dos de ellos y a uno causarle lesiones muy severas”. La revelación de Facundo Rosas se da curiosamente en vísperas de la comparecencia Édgar Moreno Nolasco, el único agente federal sobreviviente de los hechos en que perdieron la vida sus compañeros Cristóbal Bonilla y Víctor Mireles. Moreno Nolasco fue citado a declarar ante el juzgado cuarto de distrito del Reclusorio Preventivo Oriente, para identificar a La Gorda y Torres. Desde noviembre de 2004 no se sabía nada del policía federal sobreviviente. La Gorda y Torres Montes se encontraban prófugos desde el 11 de diciembre de 2004, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) llevó cateos en casas de Tláhuac. Los supuestos autores intelectuales del doble homicidio y homicidio en grado de tentativa fueron localizados en las inmediaciones de la colonia Ajusco, delegación Coyoacán del Distrito Federal. Aunque esa versión no es nueva, es la primera vez que un mando de la Policía Federal acepta abiertamente que los uniformados realizaban tareas de inteligencia en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac. El semanario Proceso publicó en diciembre de 2004 una nota al respecto. A continuación se reproduce el texto íntegro: Contrario a lo que aseguraron en un principio Ramón Martín Huerta (entonces secretario de Seguridad Pública) y el general Rafael Macedo de la Concha (titular de la PGR), los tres elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) linchados en San Juan Ixtayopan el pasado 23 de noviembre -dos de los cuales fueron posteriormente quemados vivos- no investigaban la venta de droga al menudeo en Tláhuac, sino la existencia de presumibles casas de seguridad y presuntas células del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Según se desprende de un informe interno elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina del cual obtuvo una copia el reportero, los agentes Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla Martínez y Édgar Moreno Nolasco -único sobreviviente- seguían los pasos de al menos dos supuestos integrantes del grupo subversivo, uno de los mejor organizados y estructurados dentro del territorio nacional. Se trata de Germain P. Flores Jiménez y de Laura Montero León, dos de cuyos familiares, por cierto, Guillermo Vargas Montero y Jesús Salvador Montero Garcés, fueron aprehendidos y consignados penalmente por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) un día después de la revuelta que culminó con el asesinato de los policías Mireles Barrera y Bonilla Martínez al confundirlos supuestamente con secuestradores. De circulación restringida, el informe aporta los antecedentes de los tres policías adscritos a la Unidad Antiterrorismo de la Policía Federal Preventiva, con los cuales pretende reforzar la tesis de que la misión que desarrollaron en Tláhuac fue la de seguir la huella de presuntos integrantes de grupos subversivos y no de narcomenudeo. Así, apunta que el subinspector Víctor Mireles Barrera, quien tenía 49 años de edad, estaba asignado desde hace cinco años al seguimiento de los miembros que conforman el Comité Cerezo Conteras, así como de rastrear sus posibles vínculos con el EPR. Agrega que en determinadas ocasiones desempeñó diversos trabajos de inteligencia en diferentes planteles de la UNAM, incluida la sede central, y que antes de incorporarse a la Unidad de Inteligencia de la PFP, formó parte del Cisen, donde estuvo adscrito al Grupo Antiterrorismo (GAT). El documento consigna también que su compañero, Cristóbal Bonilla, estuvo comisionado en diversas plazas de la República y en el Distrito Federal, siempre en la cobertura de asuntos políticos y relacionados con la guerrilla urbana. Y del suboficial Édgar Moreno Nolasco, quien sigue bajo supervisión médica en el hospital militar, dice que recientemente se le había encomendado la tarea de dar seguimiento a presuntos integrantes del EPR y que anteriormente había estado comisionado en la investigación de robo de vehículos en el estado de Chihuahua. Según el informe, la población de San Juan Ixtayopan detectó la presencia de los policías federales y el 23 de noviembre, cuando éstos filmaban los domicilios que supuestamente funcionaban como casas de seguridad del EPR, fueron retenidos y luego linchados por la población. El miércoles 15, luego de que la PGR dio a conocer un video supuestamente encontrado en una de las casas cateadas, propiedad de Alicia Zamora La Güera o La Gorda, ubicada en la avenida Peñón Alta 327, manzana 7, lote 6, a quienes la Policía Federal responsabiliza de haber incitado a la población a golpear y calcinar vivos a dos de los policías de la PFP, el general Rafael Macedo de la Concha sostuvo que una de las líneas de investigación del caso Tláhuac va en el sentido de que el linchamiento fue una acción concertada y dirigida por personas vinculadas con grupos radicales y enfatizó que el tema del EPR deberá atenderse. “Si se trata de gente que está ligada a este tipo de grupos, o de otra naturaleza, lo vamos a decir, aquí no se va a ocultar nada”, dijo. De hecho, el robustecimiento de la posible participación del EPR en los sucesos de San Juan Ixtayopan hizo que el grupo subversivo diera la cara. El martes 14, en un texto de dos cuartillas, recriminó la actuación de la PGR y lo acusó de no aplicar la justicia, sino incurrir en una acción de venganza contra la población. Dijo: “Es lamentable que no haya justicia, sino venganza, y que los inocentes paguen por los culpables, violando los derechos de los ciudadanos y violentando la tranquilidad del pueblo”. Además, indicó  que, ante los “disparates” de las autoridades federales, “aclaramos que no tenemos relación con el narcotráfico o bandas delictivas”, porque “nuestros principios no nos lo permiten”. Y acusó al titular de la PGR de aplicar la justicia con dos varas distintas: “La ley para los jodidos, la impunidad para sus patrones”. La misión El informe interno de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina contiene datos escuetos de los presuntos guerrilleros que eran vigilados por los policías que fueron linchados. Por ejemplo, consigna que Flores Jiménez estuvo inscrito en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero aclara que no concluyó sus estudios. Y da cuenta, además, de que el joven ha realizado varios viajes a los estados de Guerrero y Chiapas, justo donde el EPR y el EZLN tienen sus cuarteles generales. De Laura Montero señala que es alumna de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con número de cuenta 30103579-0, y apunta que actualmente “continúa apoyando a grupos subversivos”. Además, afirma que la joven estuvo entre la multitud que participó en el linchamiento de los agentes de la PFP. El reportero buscó a la joven de 19 años de edad  en su domicilio de la colonia Jaime Torres Bodet. Sus familiares no supieron dar razón de su paradero y negaron tales imputaciones. “No se encuentra en casa y no sabemos cuándo regresará”, respondieron. Originalmente, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República manejaron la versión de que los agentes de la PFP estaban asignados a la investigación de narcomenudeo en Tláhuac. Pero, días después, cuando comenzaron a salir a la luz pública datos sobre la posible presencia del EPR en la zona, rectificaron y aclararon que la investigación sobre puntos de venta de droga al menudeo derivó luego en una línea relacionada con la presumible existencia de grupos guerrilleros. Esa versión fue la que llevó el pasado lunes 13 a la Cámara de Diputados el secretario de Seguridad, Ramón Martín Huerta, el único funcionario de alto nivel que, inusitadamente, no ha sido citado a declarar por la PGR en relación con el caso Tláhuac. Un par de días después, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, aseguró, por el contrario, que en la administración del presidente Vicente Fox “no ha habido actos de subversión” y, más aún, sostuvo que el Cisen no tiene información sobre la presencia de grupos guerrilleros en el Distrito Federal. Sin embargo, el informe de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina reconoce abiertamente la existencia de posibles células guerrilleras en la Ciudad de México y en el Estado de México. Es más, identifica una serie de organizaciones y comités estudiantiles presuntamente vinculados con grupos subversivos, entre los cuales sobresalen el Frente Popular Francisco Villa (FPFV); Comité Cerezo Contreras; Comité Pável González; Partido Izquierda Democrática Popular (PIDP); poblado de San Gregorio Totoltepec, Xochimilco; Asesores Legales de la Policía Auxiliar del Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar (MPDDPA), y organizaciones no gubernamentales. El documento ubica, asimismo, las zonas de “influencia” de los presuntos grupos subversivos en siete de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México y en seis municipios del Estado de México. He aquí los principales puntos de “influencia subversiva”  identificados por el área de inteligencia capitalina: Delegación Iztapalapa, las colonias San Cruz, Minas, López Portillo, Xalpa, Santa Martha Acatitla, Tenorios y Santa María Acahualtepec. Delegación Gustavo A. Madero: colonias Pastora, Cuautepec Barrio Alto y Bajo, Acueducto de Guadalupe y Gabriel Hernández. Delegación Tláhuac: colonias Selene, San Juan Ixtayopan, Peña Alta, San Francisco Tlaltenco, Tulyehualco y San Andrés Mixquic. Delegación Xochimilco: colonias San Gregorio Totoltepec, San Gregorio Oxtotepec, Santa Cecilia y Tepetlapa. Delegación Álvaro Obregón: colonias Santa Rosa Axochiac, San Bernabé Ocotepec y San Lorenzo Acopilco. Delegación Tlalpan: colonias Topilejo y San Pedro Mártir. Delegación Magdalena Contreras: colonias Coatepec y Dinamos. Nezahuacóyotl: colonias Las Palmas, Xochiaca, Benito Juárez, Izcalli, Reforma, Revolución, La Perla, Xaltipac y Ampliación San Lorenzo. Ecatepec: colonias El Mirador Boca Barranca, Tepejemulco, Piedra Grande, Xalostoc, Almárcigo, El Hostol y Tulpetlac. Naucalpan: colonias México 86, Minas de Tecolotle, La Palma, La Chacona, Minas El Caracol y 3 de Mayo. Tlalnepantla: colonias Cuauhtémoc y Gustavo Baz Prada. Los Reyes: colonias Ampliación Los Reyes, Floresta, Uprez, Palmillas, Cañadas y La Poblanita. Chimalhuacán: colonias San Isidro Tlaixco, Santa Elena, San Agustín, Lomas de Totolco, Copalera y San Juan Zapotla. Todas estas colonias tienen una característica en común: Se trata de centros urbanos y rurales poblados y con altos niveles de pobreza y marginación. El informe puntualiza también que las células del EPR se encuentran infiltradas, principalmente en las zonas de influencia del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), una de las agrupaciones del movimiento urbano popular más radicales. Fracturas de por medio, su principal contingente pasó del antielectorerismo a una peculiar alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal añade un dato más: la investigación que el Cisen lleva a cabo actualmente sobre el actual jefe delegacional en Iztapalapa, Víctor Hugo Círigo Vázquez, con el propósito de determinar su verdadera identidad, así como su relación familiar con el diputado del PRD, René Arce Islas, “a quien fuentes de inteligencia consideran como su hermano”. Según el documento, Círigo Vázquez “vivió cerca de 20 años en la clandestinidad cuando formó parte de la lucha guerrillera” y un hermano de René Arce perdió la vida en un enfrentamiento en la sierra de Juchitán, Oaxaca, con integrantes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) a mediados de la década de los setenta.