OAXACA, Oax. (apro).- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, pidió a las autoridades convertirse en un “perro guardián” para poder aplicar disposiciones como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidades, que emitió el presidente Felipe Calderón el pasado 27 de mayo. Aunque en México ha habido avances en mejorar la lucha en contra de la discriminación, consideró, “la autoridad del Consejo ahora debe ser fortalecida para que sea más que un perro guardián que tiene el poder de ser aplicada”. En su segundo día de visita a la entidad, la comisionada de ONU reconoció que la discriminación tiene muchas formas, viejas y nuevas, encubiertas u obvias, públicas o privadas, de más intolerancia y exclusión. “Pareciera como racismo institucionalizado o luchas étnicas donde se manifiestan episodios de intolerancia y rechazo y escapan del escrutinio”, añadió. El blanco de ese racismo institucionalizado, añadió, son los individuos o grupos vulnerables a los ataques, como los discapacitados, mujeres, niños, pobres y migrantes. A esas personas, dijo, se les excluye muy frecuentemente de participar de lleno en la vida de una comunidad, tanto a nivel económico, como político, cultural y en los desarrollos sociales. Es por ello que destacó la función de los defensores de los derechos humanos y su determinación, ya que han incrementado el grado de conciencia entre la ciudadanía, gracias a la producción de un número de acuerdos sobre los garantías fundamentales que brindan resultados a las posiciones antidiscriminatorias y de igualdad. Mencionó que esos acuerdos crean una red de protección de las obligaciones que los Estados deben cumplir, y ayudan a restaurar la dignidad previamente denegada a millones de mujeres, hombres y niños, situación que mejora concretamente sus vidas. Por otra parte, reconoció que la reciente reforma constitucional del estado de Oaxaca ubica a los derechos humanos como una de las principales obligaciones a cumplir y resalta que las normas internacionales son obligatorias y establece un nuevo proceso judicial para los casos de violación a ese precepto, así como la reparación del daño. Navy Pillay instó a todas las entidades gubernamentales a continuar en este camino y hacer que los derechos humanos sean una realidad para todos. Antes, la representante de la ONU-DH firmó como testigo de honor un convenio de colaboración que permitirá la puesta en marcha del marco legal en materia antidiscriminatoria, para lo cual el gobernador, Gabino Cué, presentará una iniciativa de ley en esa materia. En reuniones privadas, la alta comisionada de ONU tuvo conocimiento de las violaciones a los derechos humanos en el 2006 y 2007, donde advirtió que “si hay impunidad, no hay democracia; si no hay justicia, no hay democracia, entonces, para que haya reconciliación debe haber verdad y justicia”. Por su parte, el gobernador destacó que con este convenio se consolida la voluntad de su gobierno para promover una nueva cultura de equidad en la sociedad, que contribuya a disminuir la brecha de desigualdad, marginación y exclusión de los grupos en situación de discriminación.