TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Tribunal Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huixtla ratificó hoy el auto de formal prisión al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa, todo por un presunto desvío de recursos por 104 millones de pesos. Ante el recurso de inconformidad presentado por la defensa de Salazar Mendiguchía, quien argumentó inconsistencias en el proceso legal que se le sigue, el juez dio a conocer la resolución de la Primera Sala Penal Regional Colegiada del Distrito Judicial de Tuxtla, luego del análisis jurídico de la integración de la averiguación previa. Con ello, avaló el auto de formal prisión que el juez tercero del Ramo Penal dictó en contra de Pablo Salazar Mendiguchía, tras el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, entre las que destacan los testimoniales y peritajes en materia contable y grafoscopía. Se analizaron pólizas de cheques, fichas de depósitos y estados de cuenta que fueron emitidos por la entonces Secretaría de Administración, donde se comprobó que los 104 millones de pesos sí pertenecían al erario estatal. El juez dijo que avaló la formal prisión que se tomó con base en la declaración de Horacio Schoeder Bejarano, exsecretario de Seguridad Pública estatal durante la administración de Salazar, quien reveló que en octubre de 2005 el entonces gobernador ordenó la compra de un seguro de vida con un costo de 104 millones de pesos con recursos del erario estatal. Según Schoeder Bejarano, el dinero fue cobrado el 27 de febrero de 2007 –tres meses después de concluir el periodo de Salazar Mendiguchía– a través de quien fuera su secretaria de Administración, Nelda Rosa Camacho Alayola. En el expediente desatacan las declaraciones de la exdirectora del Instituto de la Vivienda, Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, quien confirmó que por instrucciones del exgobernador Salazar, un grupo de sus excolaboradores fue beneficiado con la compra del seguro de vida denominado VIDADOT2-2, con un costo total de 104 millones de pesos. Para lo cual, expuso, debió firmar una carta poder a favor de la entonces secretaria de Administración. “En el mes de octubre del 2006, Nelda Camacho Alayola me dijo que le firmara una carta poder, la cual estaba sin rellenar y tenía como fecha 6 de diciembre de 2006”, declaró Domínguez Aguilar, quien agregó que dicha carta poder serviría para que, en su representación, pudiera recoger un finiquito de pago, una constancia de percepciones y retenciones de impuestos por la cobertura por sobrevivencia y una constancia de la retención del impuesto del pago de dividendos, relativo a la póliza de fianza VIDADOT2-2. El resolutivo indica que, por unanimidad de votos, los ciudadanos magistrados confirman el auto constitucional de fecha 14 de junio de 2011, pronunciado por el juez tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla y Chiapa en la causa penal número 96/2011, en la que se decretó formal prisión a Pablo Salazar Mendiguchía como probable responsable de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Pablo Salazar fue detenido el 7 de junio en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, y trasladado a Chiapas, en donde enfrenta, hasta el momento, dos procesos penales: por peculado de 104 millones de pesos y el homicidio de dos bebés en el Hospital General de Comitán de Domínguez en el año 2002. El exmandatario estatal fue trasladado al penal de El Amate, donde permaneció recluido hasta el pasado 16 de agosto, fecha en que fue trasladado al cereso de Huixtla, debido a que, argumentó el gobierno del estado, su vida corría peligro.