MÉXICO, D.F. (apro).- A un año siete meses de la masacre de 15 jóvenes en la colonia popular de Villas de Salvárcar, en Juárez, Chihuahua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones: una al gobierno que encabeza César Duarte, y otra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La recomendación a la Sedena es por agravios inflingidos a víctimas y familiares, así como por la tortura a que fue sometido Israel Arzate Meléndez para que se declarara culpable de un ilícito que no cometió. En la recomendación 50/2011, la CNDH consideró que se trasgredieron los derechos humanos de víctimas y familiares de los masacrados, entre ellos, “a la seguridad jurídica, al trato digno y a la debida procuración de la justicia, así como a la integridad y seguridad personal y a la salud”. De acuerdo con la investigación de oficio que inició la CNDH, el 2 de febrero de 2010, tres días después de la matanza, las víctimas y sus familiares fueron ‘revictimizados’ al momento de recurrir a las instancias del gobierno de Chihuahua, agravios atribuidos a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Delito, así como a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, ambas dependientes de la Procuraduría local (PGJE). Las autoridades de Chihuahua, señaló el ombudsman nacional, “no ajustaron su actuación al marco de las obligaciones que les impone el sistema de protección a las víctimas y ofendidos del delito”. Esas dependencias, detalló, no colaboraron de inmediato con la CNDH en la entrega de documentación ni con los ofendidos para dar cuentas sobre el desarrollo del proceso judicial. Los ofendidos, además, no fueron asesorados por la PGJE ni recibieron trato digno en el momento de que se realizaron las audiencias, ni mucho menos se les brindó seguridad o atención médica psicológica. Según la CNDH, las garantías de seguridad también fueron violadas en agravio de víctimas y familiares por parte de los jueces que estuvieron al frente del juicio oral, quienes asumieron “una actitud pasiva frente a esa obligación”. Es por ello que la CNDH recomendó al gobernador César Duarte tomar medidas para corregir el trato hacia las víctimas y ofendidos por los delitos y, en el caso específico de los agraviados por la masacre de Villas de Salvárcar, brindar atención médica y psicológica. Abuso militar En la recomendación 49/2011, la CNDH documentó que uno de los implicados en la masacre, Israel Arzate Meléndez, fue sometido a tortura, retenido ilegalmente en instalaciones miliares y sacado del penal cuando estaba a disposición de un juez por el delito de robo de vehículo, por lo que “la ilegalidad de estas excarcelaciones genera la presunción de la tortura de lo que fue objeto”. De acuerdo con organizaciones civiles que llevan el caso de Arzate, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, el día de la masacre, el 30 de enero de 2010, el acusado estaba en un convivio con su esposa y su cuñado, y el 3 de febrero fue detenido por elementos del Ejército, En un comunicado, las organizaciones señalan que Arzate fue llevado al 20º Regimiento de Caballería Motorizada, ubicado en Ciudad Juárez, “y ahí le aplicaron golpes y choques eléctricos en el pecho y abdomen; además, se le provocó continuamente asfixia al colocarle una bolsa de plástico en la cabeza”. Luego de 28 horas en poder de militares, Arzate Meléndez fue presentado al Ministerio Público acusado de robo de vehículo, y el 5 de febrero, “bajo torturas y amenazas, fue obligado a autoincriminarse por el homicidio de los jóvenes de Villas de Salvárcar”. En la recomendación dirigida al titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, la CNDH instruye a que se le de atención médica y psicológica a Arzate, y se prohíba el traslado de detenidos a instalaciones militares. Asimismo, que “los elementos del Ejército que participen en tareas de seguridad pública, se abstengan de usar la fuerza, excepto en los casos en que sea estrictamente necesaria, evitando el abuso de poder a través de las prácticas de tortura de los detenidos”. Además, se instruye al titular de la Sedena para que continúen los cursos de derechos humanos y se colabore con la CNDH para que se investiguen los hechos ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría General de Justicia Militar. También recomendó al gobernador de Chihuahua dar atención médica y psicológica al agraviado, a que los ministerios públicos eviten el uso de la fuerza; legislar sobre la prevención y sanción de la tortura; y colaborar con la CNDH para indagar los hechos y sancionar a los responsables. Sin embargo, las ONG manifestaron su preocupación, debido a que la CNDH reconoció el fuero militar para investigar hechos violatorios de derechos humanos, pese a la resolución en contrario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante el amparo interpuesto por Arzate, las organizaciones demandaron al Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Juárez, y al Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con sede en Culiacán, Sinaloa, tomar en cuenta la recomendación en la resolución del caso.