MÉXICO, D.F. (apro).- Al hacer un balance del sexenio que termina, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) afirmó que con Felipe Calderón concluye el periodo de gobiernos panistas y con ello “la expectativa que buena parte de la sociedad había tenido para transitar a una República realmente democrática”. Esta administración pondrá fin a una “alternancia fallida”, caracterizada por el resquebrajamiento de la figura presidencial, la desorganización del Poder Ejecutivo en su conjunto, el aumento de la pobreza, la corrupción y la impunidad, lamentó Rocío Culebro, directora ejecutiva del organismo. Añadió que Calderón Hinojosa será recordado por dos recuentos: el del “voto por voto” y el de “cadáver por cadáver”. Culebro recordó que en 2006 autoridades electorales y el entonces presidente electo se negaron al conteo de votos de la elección que fue impugnada por un sector de la izquierda. Y hoy, añadió, a ciencia cierta nadie puede precisar el recuento de los cadáveres que han quedado sembrados a lo largo y ancho del territorio nacional, debido a la guerra contra el narcotráfico que impulsó Calderón al inicio de su gobierno. La directora del IMDHD consideró que si en el periodo de gobiernos priistas –conocido como la “dictadura perfecta” por los mecanismos de control del poder que imperaron durante 70 años– se vivió una etapa oscura para los derechos humanos, en el de los panistas se pasó a una “dictadura imperfecta”. “La vigencia de los derechos humanos transitó dolorosamente de la frivolidad y la propaganda mediática con Fox, a la ineptitud y obstinación de Felipe Calderón, periodo de alternancia al que podríamos definir como ‘dictadura imperfecta’”, criticó. Rocío Culebro refirió que apenas hace unos días, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, expresó su "profunda" preocupación por la persistencia de esa práctica en México, en particular en el contexto de la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y el "fenómeno de impunidad agravada" en el que permanecen los actos de tortura. Prueba de ello, abundó, son las más de dos mil 400 quejas que recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tan solo el año pasado. Además, dijo, se estima que las desapariciones forzadas rondan las 20 mil, y a la fecha 73 periodistas han sido asesinados. Según la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, de 2011 a la fecha, 188 defensoras de derechos humanos han sufrido agresiones, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio tiene registrados cuatro mil 112 crímenes de este tipo en los últimos cinco años. Ante todo ello, añadió, “la impunidad es abrumadora”. En ese escenario, abundó, la Ley de Víctimas ha quedado entrampada entre los procesos burocráticos de la construcción legislativa, la visión asistencialista de la víctima como sujeto pasivo y no como titulares de derechos, y un contenido que no alcanza a responder a las demandas de la ciudadanía afectada. Los esfuerzos gubernamentales por atender a las víctimas colaterales de la lucha contra el crimen organizado, en particular ProVíctima, cuyo personal proviene de las fuerzas armadas y de las instancias de procuración de justicia, sólo se han orientado a atender a víctimas de violencia doméstica y no a quienes han sufrido delitos de alto impacto. “Las víctimas, a final de sexenio, sin ley, sin procuraduría, sin justicia”, lamentó. En cambio, abundó la activista, Calderón favoreció el despojo. “Bajo gobiernos panistas se entregó 26% del territorio, en gran parte al capital foráneo. Lejos de traer bienestar, se ha creado miseria, conflictos sociales, incertidumbre, y destrucción de bosques y selvas a través de proyectos de turismo, parques eólicos, presas y concesiones mineras”, criticó. En suma, sostuvo, concluye un sexenio de política discriminatoria y excluyente de derechos y libertades para las minorías. “La derecha es la gran defensora de los ‘monopolios morales’. En el afán de cultivar las apariencias morales, el segundo sexenio panista perdió la oportunidad que otras sociedades modernas han aprovechado, al dejar sólo como sujetos de piedad o de compasión asistencial a personas adultas mayores, grupos de diversidad sexual y religiosa, afrodescendientes, trabajadoras del hogar, jóvenes, personas que viven con VIH, personas con discapacidad, trabajadoras y trabajadores sexuales, presos, niños y niñas en situación de calle”, subrayó la defensora de derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, fue, el rechazo a decretar el día nacional contra la homofobia y la negativa política del IMSS y del ISSSTE de afiliar a las parejas del mismo sexo. Destacó que debido al abandono de Calderón de los sectores minoritarios, en su administración el padrón de las organizaciones de la sociedad civil pasó de cuatro mil 402 a 17 mil 374, de las que un gran número se dedica a la promoción de acciones meramente asistencialistas a favor de grupos vulnerables. La activista subrayó que la defensa de los derechos humanos no puede seguir haciéndose desde políticas asistencialistas y tampoco se puede justificar la violación a esos principios en función de una guerra contra el narcotráfico. “Un gobierno que no garantizó la construcción de una sociedad justa, libre de violencia y democrática no puede ufanarse de haber gobernado para todos y para todas. Un sexenio que deja tantas muertes sólo se tolera en un país que deja ir impune a su gobernante”, fustigó.