MÉXICO, D.F. (apro).- Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), celebró los avances del gobierno mexicano en el cumplimiento de cinco sentencias dictadas contra el país por la violación a los derechos fundamentales. En rueda de prensa, el juez García-Sayán aclaró que las condenas de la Corte “no son simples, tienen elementos de reparación que abarcan una serie de componentes que requieren mecanismos administrativos que son complejos". Una de las sentencias tiene que ver con la reforma del Código de Justicia Militar, ya que en noviembre de 2009 la CoIDH ordenó al Congreso mexicano modificar ese articulado para que delitos cometidos por soldados contra civiles sean procesados por tribunales ordinarios. Y pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de ese Código, aún no ha sido acatada la orden dictada por el Tribunal regional. Sin embargo, este jueves García-Sayán evadió responder sobre un posible desacato del Legislativo mexicano a esta sentencia y tres posteriores que refrendaron ese mandato. En el marco de la cumbre de presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales, que se realiza en la Ciudad de México, García-Sayán admitió que la CoIDH no tiene medios coercitivos para forzar el cumplimiento de sus fallos y que sólo supervisa su cumplimiento. También explicó que el papel fundamental del organismo que encabeza es garantizar el derecho de las víctimas a que se respete el debido proceso en los juicios en que sea parte y en darle seguimiento a los casos hasta que se cumplan cabalmente las indemnizaciones o resoluciones de la Corte. Incluso resaltó que se cumplen cerca de 80% de las reparaciones económicas ordenadas por la CoIDH. Flanqueado por los ministros de la SCJN, Margarita Luna Ramos, y Luis María Aguilar Morales, el presidente de la Corte Interamericana destacó el papel del máximo tribunal de justicia en el cumplimiento de la sentencia en el caso Rosendo Radilla y en la aprobación de criterios jurisprudenciales para que los militares que violen derechos humanos de civiles sean juzgados por el fuero común.