MÉXICO, D.F. (apro).- Tras aceptar ante la Corte Federal de San Diego, California, su culpabilidad por violaciones a las leyes de migración de Estados Unidos, Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, presunta hija de Joaquín El Chapo Guzmán, será deportada a México, confirmaron este miércoles fuentes judiciales. El pasado lunes 17, la magistrada Cathy Ann Bencivengo, quien ordenó la liberación de la ciudadana mexicana, consideró que los dos meses de detención habrían servido de sanción a la presunta hija del líder del cártel de Sinaloa. El abogado defensor, Guadalupe Valencia, aseguró que su cliente ya está en libertad. “Estaba enfrentando dos años como todos lo saben, pero nosotros pudimos negociar un convenio favorable, llegamos a esa negociación y pudimos obtener su libertad”, dijo. Guzmán Salazar, quien en un primer momento se declaró inocente de los delitos de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos, fue detenida el pasado 12 de octubre –con siete meses de embarazo–, cuando intentó ingresar a Estados Unidos por la Garita de San Ysidro con un pasaporte ajeno para dar a luz a su hijo en Los Angeles. Según documentos de la Corte Federal, entre los cargos que enfrentaba la mujer de 32 años están: fraude, robo de identidad e intentar cruzar la frontera con documentos ajenos. De acuerdo con las autoridades, El Chapo Guzmán, considerado el narcotraficante más poderoso de México, tuvo tres hijos con su primera esposa, Alejandrina María Salazar Hernández, y una de ellas sería la detenida. También señalaron que el pasado 12 de octubre, cuando agentes de Aduanas y Protección Fronteriza la arrestaron, Guzmán Salazar reveló de forma voluntaria que su padre era El Chapo Guzmán, pero hasta ahora eso no se ha confirmado. Alejandrina Giselle no cuenta con antecedentes penales en el país vecino ni está acusada de delito alguno, salvo la reciente violación a las leyes migratorias. La legislación migratoria estadunidense establece una sentencia de hasta 25 años de cárcel a los extranjeros que ingresan a su país para cometer actos de terrorismo y hasta 10 años de prisión a los extranjeros que se internan con propósitos de dañar la seguridad nacional.