Washington (apro) – Eric Holder, procurador general de Justicia de Estados Unidos, prometió que se fincarán cargos criminales contra funcionarios públicos y agentes federales que resulten responsables de instrumentar la Operación Rápido y Furioso, que permitió el tráfico ilegal de miles de armas a México. En una audiencia ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, del Congreso federal, Holder aseguró que “aunque todavía” no castiga a nadie por Rápido y Furioso, las sanciones “criminales se harán pronto”; cuando concluya la investigación que está llevando a cabo el Inspector General del Departamento de Justicia. “La gente que resulte responsable será acusada (judicialmente) y espero que eso ocurra relativamente pronto”, anunció Holder. El procurador general además explicó que a las personas que determine como responsables de Rápido y Furioso se les fincarán “cargos” criminales, se les arrestará y se les enjuiciará posiblemente en los próximos seis meses. “Con el atenuando de que podamos determinar quiénes estuvieron involucrados en emitir la orden (para echar a andar Rápido y Furioso), puedo asegurar que a menos que presente evidencias que indique lo contrario, esas personas serán removidas del servicio público”. Al mismo tiempo, Holder subrayó que el tráfico de armas de Estados Unidos a México está influyendo en las decenas de miles de homicidios, que arroja el saldo de la violencia en México relacionada al trasiego de las drogas. El tráfico de armas a México “me afecta mucho cuando uno mira el saldo de muertes que hemos visto en México, 40 mil, 50 mil personas asesinadas en los últimos 5 años”, declaró Holder durante una audiencia en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. El procurador general adelantó que una vez que concluya la investigación interna de la dependencia a su cargo sobre la Operación Rápido y Furioso, “que será pronto”, se imputarán cargos criminales contra los funcionarios y agentes en quienes se finque la responsabilidad de permitir el tráfico ilegal, supervisado de armas a México. En la sesión legislativa para cuestionarlo sobre la Operación Rápido y Furioso, que permitió que bajo supervisión de agentes federales estadunidenses de ATF a México se traficaran unas 2 mil 500 armas que terminaron en manos del narcotráfico, Holder explicó que de lo que se sabe, con el rastreo de armamento que se ha hecho entre los dos países, unas 64 mil armas han sido traficadas de Estados Unidos al territorio mexicano. “Probablemente un número mayor de armas que no han sido restreadas han ido a parar a México”, reconoció Holder ante los legisladores. “La preocupación que tengo es que con todas estas armas que se van a México y con las actividades de los cárteles del narcotráfico, estas armas en algún momento sean utilizadas contra agentes de Estados Unidos”, añadió el Procurador General. En la audiencia presidida por el representante republicano de California, Darrel Issa, se cuestionó la colaboración del Departamento de Justicia en la investigación de Rápido y Furioso. Issa esta semana dejó entrever que estaría dispuesto a acusar de “desacato” a Holder, por aparentemente no cumplir con los requisitos que el Comité le ha pedido al Departamento de Justicia. “Reafirmo mi compromiso de garantizar que nunca jamás se volverán a utilizar este tipo de tácticas inefectivas. Y reitero mi compromiso de trabajar con el Congreso para abordar la crisis de seguridad nacional y publica a lo largo de nuestra frontera sur que ha costado muchas vidas”, subrayó Holder en la audiencia. La intención de Issa y de los republicanos del Comité fue acusar al Departamento de Justicia de desacato, en términos de la cooperación que ofrece para aclarar lo que ocurrió con Rápido y Furioso. La Operación que fue orquestada por la Oficina en Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), autorizó a los agentes federales a reclutar a conocidos traficantes de armas para que adquirieran en compras múltiples más de dos mil armas de todo tipo y calibre. La intención original de ATF en Phoenix era supuestamente seguir la ruta de las armas para desmantelar la red de tráfico; sin embargo, los agentes perdieron el rastro del armamento y estas cruzaron la frontera con México y terminaron en manos de los carteles del narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el Congreso, la mayoría de las armas las adquirió el cártel de Sinaloa. En Estados Unidos se volvió un escándalo de proporciones políticas, cuando el 14 de diciembre de 2010 fue asesinado el agente federal estadunidense Brian Terry, en la frontera sur. En la escena del crimen encontraron que los asesinos de Terry habían usado armas que fueron traficadas gracias a Rápido y Furioso. En la audiencia del Congreso, Holder subrayó a los republicanos que él personalmente en un periodo de un año se ha presentado en seis ocasiones a testificar ante el Comité para responder a los cuestionamientos de Rápido y Furioso. Además, el Procurador General indicó que al Comité le han entregado mas de 6 mil 400 documentos relacionados a la Operación, y que 22 funcionarios y agentes del Departamento de Justicia han sido cuestionados por los integrantes del cuerpo legislativo que encabeza Issa. “El Departamento (de Justicia) no tiene la intención de producir de manera deliberada material adicional sobre peticiones del Congreso o de la prensa”, sentenció Holder en la audiencia. El Procurador General explicó que esta decisión se sustenta en que además de las seis veces que ha respondido personalmente a los cuestionamientos, de la respuesta a una docena de cartas legislativas y de los más de seis mil documentos entregados, el Inspector General del Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación sobre Rápido y Furioso. “Esta decisión es consistente con la tradicional manera de trabajar en el Departamento de Justicia, bajo gobiernos Demócratas y Republicanos; y refleja aspectos que tienen que ver con la protección constitucional de la separación de poderes”, agregó el Procurador de Justicia. Holder añadió que las estrategias de permitir la comprar y tráfico de armas para rastrearlas, como implicó Rápido y Furioso y la Operación Receptor Abierto, implementada por ATF de Arizona en 2006, que también permitió el tráfico de cientos de armas a México son “una estupidez” y acciones que no pueden ser aceptadas y mucho menos justificadas.