Empresa de EU sobornó a funcionarios de la Presidencia y de la Policía Federal

miércoles, 14 de marzo de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- La empresa de mantenimiento aéreo BizJet International Sales & Suppport, de Estados Unidos, admitió que entre 2004 y 2009 sobornó a funcionarios mexicanos de la Presidencia de la República, la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa para obtener contratos. Ante una corte federal de Oklahoma, la empresa reconoció que pagó prebendas a personal de la Coordinación Presidencial de Transportes Aéreos, entre ellos un coronel del Ejército, un capitán y otro funcionario de la misma dependencia, cuyos nombres no fueron revelados. De acuerdo con el documento de la acusación, BizJet International Sales & Suppport hizo un pago por 50 mil dólares el 1 de diciembre de 2008, y otro más el 7 de abril de 2009, por 40 mil dólares, a fin de amarrar contratos relacionados con la flota aérea presidencial. Además, sobornó a un director de Servicios Aéreos de Sinaloa y a un capitán de la Policía Federal, según la relatoría de hechos que la empresa de mantenimiento reconoció como ciertos. Por estas prácticas ilícitas, violatorias de las leyes estadunidenses contra corrupción a funcionarios extranjeros, la empresa tendrá que pagar una multa de 11.8 millones de dólares. Por la mañana, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que aseguró que investiga el pago de dos millones de dólares por parte de BizJet a seis funcionarios mexicanos. Según la averiguación previa iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), los funcionarios son investigados por la posible comisión de los ilícitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, ambos previstos y sancionados en los numerales 222 y 224 del Código Penal Federal, además de otros que pudieran acreditarse. Los contratos que se tienen identificados son por más de 20 millones de dólares americanos y otros más por aproximadamente 50 millones de pesos, que las autoridades estadunidenses presumen fueron celebrados mediante el pago de aproximadamente dos millones de dólares americanos al intermediario, quien supuestamente los entregó a diversos servidores públicos.