MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones no gubernamentales denunciaron ante el Comité de Tortura de la ONU actos de este tipo cometidos por miembros del Ejército Mexicano en contra de cuatro jóvenes de Baja California, en junio de 2009. Los denunciantes –las comisiones Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)– hicieron entre de la querella el pasado jueves 15, relacionada con el caso de los jóvenes Orlando Santaolaya, Ramiro López Vázquez, y los hermanos Rodrigo y Ramiro Ramírez Martínez, quienes fueron detenidos el 16 de junio de 2009 en las inmediaciones de Playas de Rosarito, Baja California. Octavio Amezcua Noriega, director de defensa de la CMDPDH, resaltó que se trata del primer caso que será llevado hasta esa instancia internacional desde que el Estado mexicano admitió la competencia del Comité de la ONU, en 2002. “Las hechos son claramente violatorios de la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, que México firmó; y al facultar al Comité para conocer de hechos concretos, el Estado mexicano se verá obligado a atender las observaciones que haga este organismo”, apuntó el abogado. El 16 de julio de 2009, los cuatro fueron torturados por efectivos militares, quienes después los condujeron a las instalaciones de la II Zona Militar, donde los presentaron ante medios de comunicación de Tijuana como miembros de una banda de secuestradores. Junto a ellos les colocaron armas de grueso calibre. Del 16 al 31 de julio los jóvenes estuvieron arraigados en el cuartel militar hasta que fueron trasladados al penal de El Rincón, en Nayarit, donde continúan procesados. Isabel Martínez González y Marha Alicia Vázquez Jiménez, madres de Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, la primera; y de  Ramiro López Vázquez, la segunda, confiaron en que el organismo internacional presionará al Estado mexicano para que reconozca los hechos de tortura contra jóvenes y eventualmente se desacrediten las declaraciones que firmaron después de haber sido torturados, en las cuales aceptaron ser miembros de una banda de secuestradores. Ambas mujeres se quejaron de la lentitud con que avanza el juicio en contra de sus hijos, así como de las tácticas dilatorias de las autoridades militares para esclarecer los hechos. “El 7 de marzo fue la séptima ocasión en que los militares que detuvieron a nuestros familiares faltaron al tribunal para comparecer, ellos dicen que nuestros hijos fueron detenidos en una casa, con droga, armas y carros robados, pero no es cierto, fueron detenidos en la calle; pero hasta ahora ni siquiera se han prestado para hacer la reconstrucción de hechos”, denunció Martha Alicia Vázquez. Las dos también exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emita la recomendación relacionada sobre la detención de sus hijos. “Sabemos de manera extraoficial, que los resultados del Protocolo de Estambul confirman que los muchachos fueron torturados, y de esa información la tienen de hace más de un año, pero no hay recomendación contra los militares”, dijo Isabel. Detallaron las lesiones que tienen sus hijos, secuelas de las torturas, mismas que no han sido tratadas por los médicos del penal de El Rincón, Nayarit. Ramiro López tiene lesiones en la rodilla, el oído y el tabique nasal roto; y los hermanos Ramiro y Rodrigo, lesiones en la columna vertebral. Martha Vázquez denunció que, además, han sido víctimas de acoso por parte de militares. Temen que sus denuncias conlleven represalias para sus hijos. El abogado Amezcua Noriega explicó que el proceso en el Comité de Derechos Humanos de la ONU “tiene efectos de una sentencia internacional y puede pedir al Estado mexicano medidas cautelares, reparación del daño, indemnización, un acto simbólico de reconocimiento de responsabilidad internacional, garantías de no repetición, atención médica y psicológica; es un litigio internacional que probablemente dure unos tres años”.