Avalan en San Lázaro dar seguridad social a matrimonios gay

lunes, 30 de abril de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- A pesar de los 80 votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó con 252 sufragios los cambios a las leyes del IMSS y del ISSSTE, mismo que reconocen los derechos de cobertura social a las parejas del mismo sexo. Con esas modificaciones se establece la posibilidad de acceso a las prestaciones de seguridad social a los matrimonios gay, ya sea como unión civil, sociedad de convivencia o cualquier otra forma que se establezca para otorgar sustento legal al enlace entre parejas del mismo sexo. En el documento se menciona que la actual legislación generaría el incumplimiento del principio constitucional de no discriminación, por lo que es indebido desconocer los derechos de esas personas a la seguridad social: “No existe razón para dejar sin seguridad social a las uniones que difieren de la generalidad de formas de familia que hay en nuestro país”, se advierte en el texto. El dictamen fue aprobado por los diputados el 9 de noviembre de 2010; el Senado de República lo regresó con cambios, por lo que el pleno camaral y la Comisión de Seguridad Social, dictaminadora del mismo, “ratifican el contenido de la minuta enviada originalmente a los senadores”. Con la reforma sólo basta comprobar cinco años de convivencia para adquirir derechos de cobertura social, entre ellos la pensión, así como ayuda asistencial cuando ésta es requerida, de acuerdo con dictamen médico, por el viudo, concubino o pareja del asegurado o de la asegurada. La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) fundamentó que se trata de una reforma que responde al principio de igualdad consagrado en la Constitución en el plano internacional de los derechos humanos. Con las reformas, dijo, se ratifica el federalismo del país y se busca “revertir una injusticia cometida contra una parte de la población a la que se le niega protección y beneficios derivados de su derecho laboral”. El derecho a la seguridad social, en tanto derecho humano, es universal, y la discriminación basada en un estigma es constitucional, jurídica, científica y éticamente insostenible.

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