Se ampara contra arraigo el general Escorcia Vargas

lunes, 21 de mayo de 2012
MÉXICO D.F. (apro).- El general brigadier Ricardo Escorcia Vargas, quien se encuentra sujeto a investigación por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva, promovió una demanda de amparo contra el arraigo de 40 días promovido por la Procuraduría General de la República (PGR). Escorcia Vargas también solicitó que el juez décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal del Distrito Federal, Gilberto Romero Guzmán, suspenda todo tipo de incomunicación, tortura y malos tratos a los que pudiera ser sometido mientras se encuentre retenido. El militar retirado, quien fue detenido el pasado viernes 18, tres días después de la captura de los generales Tomás Ángeles Dahuahare y Roberto Dawe González, reclamó como acto principal el arraigo que a solicitud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) autorizó por 40 días el juez Primero Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, Luis Núñez Sandoval, según la demanda registrada con el número 489/2012. El pasado martes 15, mediante una “orden de localización y presentación”, el divisionario en retiro y subsecretario de la Defensa Nacional en los primeros dos años del gobierno calderonista, Tomás Ángeles Dauahare, fue detenido en su domicilio de la Ciudad de México. Efectivos de la Policía Judicial Militar lo llevaron al Campo Militar número 1. Después fue entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Lo mismo ocurrió con el general brigadier en activo Roberto Dawe González, quien en este sexenio trabajó en el Cuerpo de Guardias Presidenciales, donde estuvo a cargo de la seguridad perimetral de la residencia oficial de Los Pinos. Apenas se había anunciado el arraigo de ambos generales por 40 días –el plazo se cumple el 26 de junio, cinco días antes de las elecciones generales del 1 de julio–, la PGR anunció la “retención” del general de brigada Ricardo Escorcia Vargas, quien al principio del mandato de Calderón era el comandante de la 24 Zona Militar en Morelos. De acuerdo con información publicada por la revista Proceso en el numero que está en circulación (1855), que está en circulación, los tres militares brindaron protección a la organización de los hermanos Beltrán Leyva desde 2007, cuando el grupo criminal formaba parte del Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. La información se conocía en Estados Unidos desde entonces, incluso la PGR robusteció las indagatorias en 2008 con las declaraciones de un exmilitar que se acogió al programa de testigos protegidos con la clave Jennifer, incluidas en la averiguación previa PGR/SIEDO/EUIDCS/0241/2008. Según Jennifer, altos jefes del Ejército estaban coludidos con otros militares adscritos a la SIEDO y brindaban protección e información al Cártel de Sinaloa, en particular a la célula de los hermanos Beltrán Leyva, a cambio de pagos millonarios. En sus declaraciones, el testigo protegido mencionó a los generales Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas. Sin embargo, en 2008 la PGR sólo actuó contra Fernando Rivera Hernández, Roberto García García, Milton Carlos Cilia Pérez y Miguel Colorado, todos ellos militares que trabajaban en la SIEDO por sus vínculos con la célula encabezada por Arturo Beltrán Leyva. Arturo Beltrán operaba en Morelos, Guerrero y el Estado de México con la protección de los altos mandos del Ejército, declaró Jennifer. Desde la SIEDO, dijo, ellos brindaban protección e información estratégica a los capos sinaloenses. La madeja de complicidades, según el testigo protegido, empezó a tejerse en septiembre de 2007 a las 8:30 de la noche en una cantina cercana al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. A los tres militares se les acusa de brindar protección a la organización de los hermanos Beltrán Leyva y a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, el operador de los capos sinaloenses recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Los señalamientos contra los generales no sólo previene del testigo Jennifer, el mayor Arturo González Rodríguez también los acusa. Jennifer dice que ese oficial castrense espiaba al presidente Felipe Calderón y vendía armas a Los Zetas y al Cártel de Sinaloa (Proceso 1678). González Rodríguez, el segundo testigo de cargo de los generales Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas, aparece mencionado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 junto con el capitán Mateo Juárez como uno de los dos militares que proporcionaban información al Cártel de Sinaloa sobre las actividades del presidente Felipe Calderón dentro y fuera del país desde el interior de la Sedena. Según el expediente citado y con base en las declaraciones de Jennifer, ambos militares, quienes formaron parte del equipo de seguridad del presidente, también informaban a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva sobre los operativos e investigaciones que realizaban las secciones Segunda y Séptima del Ejército. Jennifer también relató que González Rodríguez y Mateo Juárez entrenaban a los gatilleros de los hermanos Beltrán Leyva, y que les vendían armas decomisadas por el Ejército a varios cárteles, sobre todo a Los Zetas. El mismo testigo dijo también que González Rodríguez reclutaba a militares y los habilitaba como sicarios de los Beltrán Leyva.

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