MÉXICO, D. F., 22 de mayo (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a los gobierno federal y de Puebla para que brinde protección al personal que labora en el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) a causa de las amenazas recibidas. La petición de AI se dio luego de que José Enrique Morales Montaño, miembro de ese organismo, denunció que el pasado martes 15, cuando se dirigía a una reunión en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para representar a un grupo de trabajadores de la industria textil de Puebla, fue secuestrado por cuatro hombres que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas. De acuerdo con un comunicado difundido por la organización social Cencos y por AI México, el luchador social permaneció un día cautivo, lo trataron con brutalidad, le pusieron un arma en la cabeza varias veces y amenazaron con matarlo a él y a miembros del CAT. El organismo se dedica a proporcionar información y formación a los trabajadores interesados en hacer frente a los sindicatos “oficiales” que actúan de acuerdo con los directivos de las empresas. AI llamó la atención sobre el grave peligro que corre no sólo Morales Montaño, sino también sus compañeros de trabajo y sus familiares. “Los secuestradores se llevaron la mochila de José Enrique Morales Montaño y su teléfono móvil. Al cabo de 17 horas lo dejaron libre, cerca de la autopista a Veracruz. Lastimado llegó a su casa. Alrededor de las cinco y media de la tarde la directora del CAT, Blanca Velázquez, recibió un mensaje de texto que decía: ‘Te vas a morir, perra’. Había sido enviado desde el teléfono móvil de José Enrique Morales Montaño”, se lee en el texto de AI. Agregó que desde ese mismo número los familiares han recibido mensajes amenazadores en sus teléfonos móviles. El pasado jueves 17, la esposa de José Enrique Morales Montaño recibió el siguiente mensaje: “Tu familia corre peligro. Y el próximo será uno de tus hijos porque aún no están a salvo”. Minutos después, Blanca Velázquez recibió otro mensaje: “La siguiente eres tú maldita”. En el año 2010, las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Estatal de Derechos Humanos (CEDH Puebla) ordenaron oficialmente a las autoridades que protegieran a los trabajadores del CAT. No obstante, de manera unilateral la CEDH suspendió la orden de protección sin evaluar el riesgo de nuevos ataques y amenazas contra miembros del CAT.