MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones defensoras de la salud sexual y reproductiva de las mujeres denunciaron que durante el gobierno de Felipe Calderón se han destinado cada vez menos recursos para la prevención de las muertes maternas, la mayoría de las cuales, dijeron, se contabilizaron entre indígenas y personas sin acceso a la educación. En conferencia de prensa, activistas de diversas organizaciones –aglutinadas  en la Coalicion  por la Salud de las Mujeres– informaron que de acuerdo con los últimos datos oficiales de la Secretaría de Salud, en 2010 fallecieron 992 madres, de las cuales 30% no contaban con ningun tipo de seguridad social y apenas 39.2% tenían Seguro Popular. Ello implica que “siete de cada diez mujeres fallecidas en 2010 pertenecían a los estratos de menores recursos, sin acceso a seguridad social”, apunto Raffaela Schiavon Ermani, directora de IPAS. De acuerdo con la activista, “el número de muertes no corresponde al nivel de desarrollo que supuestamente tenemos como país, es decir, que mientras podemos comparar a México con países como Argentina, Chile, Colombia o Brasil, aquí tenemos un registro del doble de muertes maternas por año con respecto de esos países”. Schiavon explicó que de 1990 a 2010, en México han muerto 27 mil 71 mujeres por complicaciones en el embarazo, y los sectores más sensibles, agregó, “son las indígenas, las personas sin acceso a educación, mujeres con VIH y los polos de edad reproductiva, las adolescentes y las mujeres mayores de 45 años. En suma, estamos hablando de un problema de inequidad”. Por su parte, Daniela Díaz Echeverría, del Centro de Análisis e  Investigación Fundar, resaltó la falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados a garantizar los derechos reproductivos y de salud de las mujeres, así como la disminución de los fondos federales destinados para ese fin. Explicó que mientras en 2012 la Cámara de Diputados destinó  más de 113 mil millones de pesos para el sector salud, para la salud materna se presupuestaron 255.34 millones de pesos, cifra que tuvo una disminución de 7% (equivalente a 19.55 millones de pesos) este año, toda vez que en 2011 el monto para ese rubro fue de 274. 89 millones de pesos. La defensora señaló que a pesar de que la mayor parte de los fondos federales del sector salud –más de 50%– son destinados al programa de Seguro Popular, “lo cierto es que no hay la atención ni capacitación suficiente para combatir la muerte de materna”, dijo. Añadió: “Esos recursos, los 255.34 millones, son distribuidos a los 31 estados y el Distrito Federal, pero no hay rendición de cuentas sobre esos fondos, que además son escasos para atender el problema de las muertes maternas”. El desinterés de las administraciones federal y estatales por la atención a mujeres se agudiza en el medio rural e indígena y entre la población de escasos recursos en el medio urbano, acotó Lilia Rosa Berrio Palomo, de Kinal Antezetik. Los estados con población indígena son los que mayores muertes maternas manifiestan, y es en ese sector poblacional donde se acumulan las muertes, puntualizó. Detalló que 56% de las muertes maternas registradas en Oaxaca correspondieron a indígenas, 47% en Guerrero y 36% en Chihuahua, mientras que en Chiapas y Yucatán, 25% de las muertes maternas se dio entre la población originaria. Rafaella Schiavon explicó que en 2010, más de 91% de las mujeres que fallecieron por causas que tienen que ver con la maternidad llegaron a establecimientos hospitalarios y accedieron a algún tipo de atención antes de perder la vida. “Eso habla de retrasos críticos, pero también de una deficiente calidad en la atención resolutiva de las emergencias obstétricas en los servicios de salud, es decir que la muerte materna es la punta del iceberg. Lo que hay en el fondo es todo un sistema ineficiente de atención a las mujeres y falta de garantías para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”, sostuvo. La víspera de que se celebre el día de las madres, las organizaciones que integran la Coalicion por la Salud de las Mujeres exigieron el cumplimiento de los preceptos constitucionales que garantizan el respeto a los derechos humanos, entre ellos el acceso a la salud y el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de hijos. También, presupuestos transparentes y etiquetados para erradicar la mortalidad y mejorar la salud materna, rendición de cuentas publicas, participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas de atención y, en apego a preceptos internacionales, la despenalización del aborto. Sobre el último punto, Berrio Palomo exigió “que se garantice a las mujeres que han decidido ser madres, el acceso a un sistema de salud que garantice su vida y la de su producto, pero de igual forma que se respete el derecho de aquellas que no desean ser madres y que se garantice su integridad física y mental”.