MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional denunció hoy que indígenas triquis de San Juan Copala desplazados por la violencia recibieron amenazas anónimas para que abandonen las tierras donde se encuentran refugiados desde 2008. La organización internacional detalló que se trata de 76 personas que, huyendo de la violencia, se asentaron en Valle del Río San Pedro, perteneciente al municipio de Putla de Guerrero en Oaxaca, donde, desde hace dos años, son objeto de hostigamiento y ataques, incluso por parte de las autoridades locales. Según AI, el último incidente ocurrió en mayo pasado, por lo que el pasado 29 de ese mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ordenó a las autoridades mexicanas que acordaran con la comunidad medidas que garanticen su seguridad”. “Varios miembros de la comunidad (triqui) y personas que les ayudan han muerto, tanto a manos de hombres armados no identificados como en las operaciones emprendidas por la policía estatal de Oaxaca en febrero de 2010 y en enero de 2012 para desalojar forzosamente a las familias”, denunció el organismo. A las acciones violentas contra los desplazados, prosiguió, han seguido detenciones arbitrarias contra los indígenas “acusados de posesión de armas”. Uno de los actos más violentos ocurrió el pasado 8 de mayo, cuando “hombres armados no identificados irrumpieron en la comunidad y mataron a tiros a tres hombres”. Por lo tanto, AI exigió a las autoridades federales y estatales llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes contra los triquis desplazados, así como esclarecer el origen de las amenazas. Recordó que los triquis de San Juan Copala “llevan muchas décadas sufriendo violencia y desatención”. En el comunicado, AI agregó que no es nueva la denuncia en contra de autoridades de Oaxaca por “tolerar los grupos armados o actuar en connivencia con ellos para mantener el control político”, de una de las regiones más pobres y olvidadas de México”. “La inacción de las autoridades, que no previenen la violencia entre facciones enfrentadas ni hacen rendir cuentas a los responsables, ha dado lugar a un clima de impunidad y desatención. Ninguna autoridad pública ha comparecido ante la justicia por apoyar de manera directa o indirecta a los grupos armados, pese a las numerosas denuncias al respecto”, puntualizó. Asimismo, AI destacó que hace poco más de dos años, el 27 de abril de 2010, los defensores Beatriz Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinados en las inmediaciones de San Juan Copala. Ambos defensores formaban parte de una caravana humanitaria que pretendía romper un cerco impuesto por militantes de un grupo paramilitar que impedía que la población triqui saliera de su comunidad para conseguir alimentos. Por las muertes de los activistas, retoma AI, “los responsables no han rendido cuentas; entre ellos se encuentran miembros del antiguo gobierno estatal acusados de patrocinar al grupo armado que las causó. Tampoco se han resuelto otros homicidios cometidos desde entonces”, señala el comunicado de la organización.