Urgen a desempolvar iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar

martes, 11 de septiembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles demandaron al nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Emilio Gamboa, desempolvar la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que dejó pendiente la legislatura pasada, a fin de dar cumplimiento a las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En una carta enviada este martes a Gamboa Patrón, las organizaciones firmantes resaltan que además de las disposiciones del tribunal regional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es contrario a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos. “Al priorizar la reforma al Código de Justicia Militar, la legislatura que ahora inicia avanzaría de forma contundente en el proceso de armonización de la legislación secundaria”, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos (de junio de la año pasado), y el Senado demostraría su  “interés” por cumplir con las obligaciones internacionales de México relacionados con “el respeto, la defensa y la garantía de los derechos humanos”, apuntan los firmantes. En su misiva, recuerdan que el 26 de abril pasado la LXI Legislatura elaboró un dictamen, que “nunca fue llevado al pleno”, por el que se modifica el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, y la Ley que establece las Normas Mínimas para Readaptación Social de Sentenciados. Además, las organizaciones señalan que con la reciente resolución de la SCJN, en el sentido de declarar inconstitucional el apartado II del artículo 57 del Código de Justicia Militar –lineamiento que extiende el fuero castrense en la investigación y sanción a los militares que han violado derechos humanos–, es probable que se repita en otros cuatro casos, lo que crearía jurisprudencia. La sentencia del 21 de agosto pasado se refiere al juicio de amparo contra el fuero militar promovido por la familia del indígena Bonfilio Rubio Villegas, asesinado en 2009 a manos de militares en la Montaña de Guerrero. El caso, que se había mantenido en la jurisdicción castrense, será enviado a un juzgado de Distrito. Si no se realizan las reformas, y “de reiterarse este criterio (de la SCJN) y adquirir fuerza jurisprudencial, nuevamente quedará evidenciado que el Poder Legislativo no ha cumplido con las obligaciones que le imponen los fallos de la Corte Interamericana”, alertan las organizaciones. Asimismo, le informan al priista que las sentencias de la CoIDH que obligan a México a hacer reformas legislativas son las relacionadas con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante la guerra sucia; las torturas y acusaciones infundadas contra los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y las violaciones sexuales como método de tortura contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. En todos estos casos, cometidos en el estado de Guerrero, miembros de las fuerzas armadas fueron señalados como responsables de los abusos, pero nunca castigados porque su juicio se sometió al fuero castrense. Las organizaciones reiteran el llamado al Senado para que retome “a la brevedad las discusiones en torno a tan fundamental asunto, de tal forma que desde el inicio de la Legislatura se prioricen los temas ligados a la consolidación de los derechos humanos”. En el caso particular de la reforma al Código de Justicia Militar, apuntan, su aprobación daría una prueba a organismos internacionales del interés de los legisladores por “fortalecer los controles civiles sobre las fuerzas armadas”. Firman la carta los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Montaña Tlachinollan (CDHM-T),  Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Fundar Centro de Investigación y Análisis, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Equis Justicia para las Mujeres, y la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que cuenta con 71 organizaciones afiliadas.

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