MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) alertó sobre “la falta de claridad” en la ejecución de la Cruzada contra el Hambre, y emplazó al gobierno de Enrique Peña Nieto a ratificar el Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas si en realidad tiene interés por garantizar una adecuada calidad de vida para los mexicanos. No obstante, el organismo valoró como positivo el lanzamiento del programa, realizado el lunes 21 en Chiapas, al señalar en un comunicado que, “por su extensión, la pobreza es una de las crisis de derechos humanos más profundas que enfrenta México y como tal debe ser abordada por las autoridades para tener impacto sobre las comunidades afectadas”. Además, Amnistía mostró su escepticismo sobre la efectividad del proyecto de Peña Nieto para combatir la pobreza, toda vez que en sexenios anteriores han existido programas similares, con distintos nombres pero que no han logrado disminuir el número de mexicanos que se encuentran en esa condición. La prueba, señaló, es que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 1990 a 2010 hubo “un aumento sustancial en el número de personas en pobreza”. Por tanto, apuntó la organización, “el gobierno federal debe indicar claramente las acciones que tomará en el corto, mediano y largo plazos para atender a toda esa población”. Pese a que el plan, abundó AI, “enfatiza un carácter no asistencial, así como una inclusión de quienes viven en la pobreza en las soluciones”, es preocupante “la falta de claridad sobre la manera en la cual se lograrán estos objetivos y en cómo instituciones ya existentes van a ser capaces de lograrlo por el simple hecho de mejorar la coordinación”. Más aún, para Amnistía es de llamar la atención “la ausencia de partidas presupuestarias específicamente destinadas a la ejecución de este plan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que se llevará a cabo con recursos previstos para programas como Oportunidades”. Es por ello que AI recomendó a Peña Nieto que, “más allá de los compromisos, serán necesarias acciones efectivas que demuestren que esta lucha es efectivamente una prioridad del nuevo gobierno”, y una forma de demostrarlo sería precisamente la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, que permite a los gobernados reclamar el incumplimiento de esas garantías a los Estados. Para la organización internacional por lo menos son seis los elementos que deberá incorporar la Cruzada Nacional contra el Hambre para que ofrezca verdaderos resultados. Primero, acotó, se deben “identificar y atacar las causas estructurales de la pobreza y no únicamente sus consecuencias con políticas de corto alcance”, así como garantizar que los beneficiarios del programa “contarán con mecanismos para participar de las decisiones que afecten sus vidas”. Asimismo, considerar como parte del combate a la pobreza “el acceso a la seguridad y a la justicia” y definir “objetivos mínimos claros con fechas concretas para su cumplimiento”. Amnistía también recomendó “contar con adecuados mecanismos de exigibilidad que permitan a las personas beneficiarias exigir a las autoridades el cumplimiento de estos objetivos y el respeto a sus derechos”. Y finalmente “construir mecanismos efectivos de rendición de cuentas” que permitan a los beneficiarios y a la sociedad “conocer y evaluar la eficiencia de acciones para combatir la pobreza”.