MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) consideró infundados los motivos presentados por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, en su intentona por modificar el artículo primero constitucional. En un análisis difundido este miércoles, el IMDHD dirigido por Edgar Cortez lamentó que la iniciativa del priista, muy cercano a Enrique Peña Nieto, pretenda echar abajo “las aportaciones que ahora representan un motivo de orgullo en la correlación de México en el concierto de las naciones”, que es precisamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos. La iniciativa de Arroyo Vieyra pretende anteponer el contenido textual de la Constitución a cualquier tratado internacional firmado por México en materia de derechos humanos que tenga mayor alcance que la Carta Magna. En el artículo primero constitucional vigente prevalece el principio pro personae, que implica que para las autoridades de los tres poderes de la Unión serán aplicables los derechos que más convengan a los ciudadanos, sean los de la Carta Magna o de los tratados internacionales. El documento refiere que al no haber justificación válida para la contrarreforma impulsada por Arroyo Vieyra y publicada en la Gaceta Parlamentaria el jueves 3, “no queda más espacio que para la suspicacia”. Deja sin respuesta preguntas que se hacen los defensores: “¿Qué sentido tiene reducir la joya jurídica más reluciente cuando se pretende una estandarización penal nacional?¿Cómo puede afectar a quizás cientos de miles de familiares de víctimas y de personas acusadas, el que el Estado mexicano reclame su fuero interno, como preeminente ante el sistema internacional de vigencia y vigilancia de los derechos humanos? En suma, ¿cuáles son los verdaderos motivos de la regresión?”. Y es que para los analistas del IMDHD no hay sustento en los argumentos que pretenden justificar la iniciativa de Arroyo Vieyra, en el sentido de que “hay un riesgo de que haya demasiada apertura en la interpretación en perjuicio del principio de seguridad jurídica garantizado por la propia Constitución (…) y que es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha detectado esto y emitido recientemente”. De entrada, el análisis de la ONG desmiente que la SCJN haya cuestionado la aplicación del primero constitucional. Al citar la misma tesis jurisprudencial, el IMDH advierte que en párrafos no citados por el legislador se lee que para la SCJN “los tratados internacionales encuentran su origen y validez” en la Carta Magna, por lo que no existe un conflicto entre ésta y los dictados internacionales. Asimismo, considera falso el debate planteado por Arroyo Vieyra, toda vez que “el Senado tiene la salvaguarda constitucional de analizar los tratados internacionales que el presidente de la República pone a su disposición”, procedimiento en el que hay “al menos dos filtros que reducen el riesgo de la firma de un tratado incompatible con la Constitución”. Luego de señalar que el mayor alcance de la reforma constitucional en materia de derechos humanos “tiene su mayor alcance en el párrafo que se pretende acotar”, el IMDHD destaca que la experiencia en el Continente Americano demuestra que la aplicación de tratados internacionales no ha provocado “colapsos en los sistemas jurídicos nacionales, como pretende adelantar el diputado presidente de la Cámara de Diputados”. Ejemplos de Constituciones garantistas, se agrega en el reporte, se encuentran en Chile, Colombia y Costa Rica.