MÉXICO, D.F. (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a atender “las enormes desigualdades sociales” y la debilidad institucional que afectan al país, con el fin de empezar a reducir los altos niveles de violencia. En su mensaje semanal, el organismo presidido por Juan Pablo Castañón explicó que las dos variables más importantes para explicar al crimen y la violencia que prevalecen en México son la desigualdad social y la debilidad institucional. “Nuestro diagnóstico en materia de desigualdad social es claro: debemos atender urgentemente las enormes desigualdades regionales y sociales que lastiman a nuestro país, en el contexto de América Latina como la región más desigual del mundo”, señaló la central patronal en un comunicado. Dio números: a escala nacional, 40% del ingreso nacional está concentrado en apenas 10% de la población, aunque ello también ocurre “en las distintas regiones del país”. Ante esa situación, alertó, no basta crecer a tasas de 6 ó 7% (aunque en realidad la economía mexicana tiene un crecimiento menor a 4%), ya que el desarrollo tiene que derramarse con equidad en todas las regiones y en todas las capas de la sociedad. Según la Coparmex, la reforma educativa será de gran ayuda, pues el actual sistema en ocasiones preserva y refuerza las inequidades sociales. “Las mejores escuelas y los maestros mejor capacitados están destinados a las familias de ingresos medios y altos”, enfatizó Castañón. Luego agregó que “necesitamos romper con ese círculo vicioso y asegurar que las familias en condición de pobreza puedan acceder a una educación de calidad para que eventualmente abandonen su condición de precariedad”. Por el lado institucional, el organismo empresarial puso el acento en el combate a la impunidad: “Para reducir, prevenir y especialmente desincentivar el crimen debemos tener un sistema de justicia confiable que inhiba las intenciones de quienes pretenden delinquir. Un sistema de justicia eficaz es indispensable si queremos una sociedad comprometida con las virtudes de la convivencia social sana”, explicó. Más aún: La reforma al andamiaje institucional debe ir más allá de los sistemas de impartición y procuración de justicia. Debe atender todo el sistema político mexicano para reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos en el manejo de los recursos del Estado, con el fin de elevar la rendición de cuentas de nuestras autoridades y especialmente para empoderar al ciudadano como centro de toda actividad. Castañón recordó que la creación de la comisión intersecretarial para la prevención social de la violencia y la delincuencia, propuesta por el gobierno de Peña Nieto, tendrá por objetivo determinar las raíces sociales del crimen. Por separado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aplaudió la propuesta para establecer un mando único policial en cada una de las entidades federativas. La cúpula empresarial señaló que “es una decisión acertada que nos permitirá evitar la dispersión, vulnerabilidad, disparidad y falta de coordinación que han prevalecido hasta ahora, derivadas de la coexistencia de múltiples cuerpos policiacos en una misma entidad territorial. “Es impostergable que en el rediseño institucional del Estado y del aparato de seguridad y justicia… además, necesitamos un modelo policial que responda a las necesidades y exigencias de un país que está cansado de la violencia y de tener una de las policías con mayor penetración del crimen organizado, lo que la hace vulnerable y genera corrupción”, acusó el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani.