Teme SIP que con Peña aumenten riesgos para periodistas

lunes, 11 de marzo de 2013
PUEBLA, Pue. (apro).- En su reporte sobre México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte que existe el temor de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo no respete avances, sino que recurra a un “borrón y cuenta nueva” de lo ya caminado en cuanto a derechos y protección a periodistas. Al señalar que la vulnerabilidad y la violencia contra comunicadores en México no ha disminuido, como tampoco la impunidad, la SIP refiere que, pese a que desde junio de 2012 los casos de violencia contra reporteros pueden ser atraídos por la autoridad federal, de 47 que se han denunciado en ese lapso, sólo siete tienen investigaciones abiertas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, precisa que de seis casos de asesinatos de periodistas de Veracruz ninguno fue atraído por la PGR, entre los que destaca el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en esa entidad. La SIP recuerda que en los meses que lleva la administración priista se registró ya la desaparición de una periodista, el asesinato de dos reporteros, así como ataques a las instalaciones del diario El Siglo de Torreón, en los que fue muerto un civil. En el reporte, el organismo internacional recuerda que en el último año del sexenio de Felipe Calderón se concretaron cambios que había recomendado la SIP, como la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como la Federalización de los Delitos Cometidos contra Periodistas y la reforma del artículo 73 constitucional, que permite a las autoridades federales atraer los delitos contra la libertad de expresión. “Sin embargo, existe el temor de que no sólo no se respeten esos avances, sino que exista ‘borrón y cuenta nueva’ de lo ya caminado en este nuevo ciclo presidencial de Enrique Peña Nieto”, se destaca en el reporte que fue leído en esta capital al concluir la Reunión de Medio Año de la SIP. Como resultado de la nueva ley, menciona que el 19 de octubre pasado se integró e instaló el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, cuya selección de miembros, del gremio periodístico, la sociedad civil y la academia, fue cuestionado por haberse realizado de forma unilateral en la Secretaría de Gobernación (Segob). “En las reuniones que la Comisión y la Junta de Gobierno han sostenido se ha avanzado en la creación del reglamento interno de operación del Mecanismo, los perfiles de sus integrantes y el reglamento de operación del fideicomiso”, agrega. A partir de que en la presentación del Pacto por México del presidente Peña Nieto, se cuestionó el actual mecanismo creado en la Segob y se anunció que “se creará una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada”, la SIP dice temer que con esto el Mecanismo quede “neutralizado”. “Hasta el momento el gobierno federal no ha emitido algún pronunciamiento oficial que aclare que el Pacto se refiere a otras instancias y no al Mecanismo creado”, puntualiza la SIP. Asimismo, destaca que se observa poco avance en la aplicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Federalización de los Delitos Cometidos contra Periodistas, ya que pocos casos han sido atraídos por la PGR y la gran mayoría son investigados por autoridades estatales. La organización, que es presidida por el periodista ecuatoriano Jaime Mantilla, dio a conocer que, según Lía Limón, subprocuradora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, en 2012 se recibieron 43 denuncias de periodistas. De esas denuncias, 12 fueron solicitudes de protección a periodistas: tres en el Distrito Federal; dos en Oaxaca y en Baja California, y una en Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Tamaulipas, donde se brindaron medidas urgentes de protección y seguridad. La SIP menciona que casos como los ataques a la seguridad de la página de Internet del portal electrónico Dossier Político, de Sonora, que aparentemente provenían desde el gobierno estatal, no han sido atendidos por la PGR, pese a que el propio medio así lo ha solicitado. El reporte precisa que desde el 2006 a la fecha, la Fiscalía únicamente ha dictado una sola sentencia y la detención de dos implicados en el asesinato del periodista coahuilense Valentín Valdez, cuyo expediente sigue abierto a tres años del asesinato. Más aún, la SIP hace referencia a las acciones que emprendió el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, a través de su ahora exdirector de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robes, cuando anunció demandas en contra de 19 periodistas poblanos a quienes acusaban de cometer “daño moral” contra funcionarios estatales. También recuerda que el 23 de octubre pasado fueron interpuestas las dos primeras denuncias que serían el inicio de la acción judicial colectiva en contra de medios de comunicación y periodistas, siendo el primer caso de este tipo en el país. Entre los hechos recientes, menciona la desaparición de la conductora de noticias del Canal 12 de Río Verde, San Luis Potosí, Adela Jazmín Alcaraz López; el asesinato del periodista poblano Adrián Silva Moreno; las amenazas y ataques contra Milton André Martínez, director del medio digital envivoradio.tv y asistente de la corresponsalía de Televisa en Saltillo, y el asesinato de Jaime Guadalupe González Domínguez, reportero y director del medio de comunicación digital, Ojinaga Noticias. Igual detalla las distintas agresiones que ha sufrido el periódico El Siglo de Torreón, cuyos trabajadores han sido víctimas de secuestros, y sus instalaciones blanco de ataques con armas y explosivos; aparte de los atentados contra los periódicos El Diario de Ciudad Juárez; El Mundo de Orizaba y de Córdoba, y El Zócalo de Saltillo. Asimismo, hace referencia a que el 12 de febrero integrantes del crimen organizado repartieron volantes y colocaron mantas en los que ofrecen una “recompensa” de 600 mil pesos para localizar al administrador del sitio de Facebook “Valor por Tamaulipas”. En cuanto a otros países, la SIP destaca el caso de Argentina, donde acusa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de recurrir al bloqueo publicitario y a los ataques sistemáticos contra los medios de comunicación críticos de ese país. “La SIP considera imprescindible hacer un llamado a los gobiernos que no sólo declaman sino que practican las más elementales normas de una democracia republicana… sobre los peligros que entraña un mismo ‘modus operandi’ de prácticas antidemocráticas que no respetan fronteras ideológicas en el hemisferio occidental, pero que se desarrolla especialmente en Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Panamá”. De igual forma, la organización hizo público su rechazo a cualquier intento de debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, que pueda producirse en la reunión de cancilleres que se realizará el próximo 22 de marzo en Washington, DC.

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