MÉXICO, D.F. (apro).- En el primer día de los tres de sesiones de consulta pública sobre la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, los senadores de las cuatro comisiones dictaminadoras expresaron sus dudas sobre los alcances de la autonomía del nuevo órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Asimismo, la mayoría coincidió, junto con los especialistas participantes, en la necesidad de modificar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. En la primera ronda de intervenciones, el senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, externó su decisión de retirar su propuesta de ampliar las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en lugar de crear un organismo autónomo, pero expresó sus dudas sobre el alcance de la autonomía. “Se nos pasó la mano” en la configuración del Ifetel, afirmó Lozano en rueda de prensa. “Están proponiendo que siete comisionados que no van a tener jefe, que van a durar 9 años en su cargo, que no se les puede remover, que van a ganar como ministros de la Corte, que no van a tener a quién rendirle cuentas, que no tienen contrapeso, sean los que tomen estas decisiones. Eso no se ha visto en ningún lugar del mundo”, sintetizó el exsecretario del Trabajo. Por su parte, el senador Javier Corral, del PAN, reiteró que el tema central de la reforma constitucional es la recuperación de la rectoría del Estado en un sector que estaba en manos de las empresas dominantes de medios de comunicación y telecomunicaciones. “Cuando se habla del órgano constitucional autónomo, lo que habría que discutir es ¿quién debe entregar las concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones? Porque éste es un sector estratégico no sólo para la economía, sino también para la política y, por supuesto, en su vínculo con la democracia”, abundó Corral. El senador del PRD, Luis Sánchez, cuestionó que se incluyera la opinión vinculante del secretario de Hacienda para definir las contraprestaciones, ya que este candado “puede echar a perder, incluso pervertir”, la autonomía del órgano constitucional autónomo. “Cuando el secretario de Hacienda se convierta en el que pone el precio a las concesiones, puede haber una gran perversión y entonces debemos eliminar de la minuta esa propuesta, de que opine la Secretaría de Hacienda como una opinión vinculante”, afirmó Sánchez, vicepresidente de la Mesa Directiva. Los senadores del PRI, David Penchynna y Manuel Cavazos Lerma, subrayaron que varios de los ajustes serán necesarios en la legislación secundaria. “No caigamos en la tentación de que todo deba estar en la Constitución”, afirmó Penchyna, mientras Cavazos Lerma sentenció que “la autonomía no es soberanía”, en el caso del Ifetel. Primera ronda En sus exposiciones de la mañana, las especialistas Irene Levy, de Observatel; Clara Luz Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Judith Mariscal, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Mónica Ramírez, de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, y este periodista abundaron en los puntos que son necesarios cambiar en la redacción de la minuta e incorporar otros conceptos como el “derecho de las audiencias”, la prohibición absoluta de la publicidad integrada, entre otros. Irene Levy advirtió que si se deja en manos del Poder Ejecutivo la planeación de la política de telecomunicaciones y radiodifusión, lo único que veremos “es que el Ifetel será un ejecutor” de sus instrucciones y “de autonomía no va a tener mucho”. Propuso que se eliminara la opinión vinculante del secretario de Hacienda, la cual calificó como una “intervención perversa”. Judith Mariscal criticó directamente la creación de un organismo como el Ifetel porque “minaría la capacidad de articular una estrategia integral digital”. También reprobó los requisitos establecidos para ser integrante del organismo autónomo. A su vez, Clara Luz Álvarez, consideró que un tema grave es la prohibición, lisa y llana, de otorgar la no suspensión del amparo a las decisiones del Ifetel porque esto afectará no sólo a los grandes concesionarios, sino también a los pequeños. Por su parte, Mónica Ramírez, consideró positivo que a los medios públicos se les haya incluido en el must offer y en el must carry, pero indicó que la reforma no especifica qué va a suceder con los medios públicos. Pidió que éstos tengan autonomía de gestión financiera, defensa de sus contenidos, pleno acceso a las tecnologías, así como expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Segunda ronda vespertina Durante la segunda sesión del primer día de consultas, participaron Fabián Aguinaco Bravo, del Colegio de Abogados; José Nieves Luna, magistrado de circuito; Agustín Ramírez, académico de la AMEDI; Ricardo Ríos Ferrer, Pedro Salazar Ugarte y Gerardo Soria Gutiérrez. La mayoría planteó también cambios en la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. Aguinaco Bravo afirmó que la reforma al artículo 28 constitucional no responde al mandato expreso que contiene la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con los principios de universalidad, interdependencia, universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad. Por su parte, Agustín Ramírez destacó la necesidad de medir el porcentaje de participación de los consorcios mediáticos en el mercado de la publicidad, así como la producción de contenidos “ya que las dos televisoras acaparan el 90 por ciento de ese mercado”.