MÉXICO, D.F. (apro).- Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó reducir la figura del arraigo de 40 a 20 días y, cuando se solicite ampliación por parte de la autoridad judicial, de 20 a 15 días. Con la oposición de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y del PT, y algunos del PRD, quienes se pronunciaron por la desaparición definitiva de esa figura, creada en el sexenio de Felipe Calderón, las modificaciones fueron avaladas con 389 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones. Con ello se cambió el artículo 16 de la Constitución en materia de arraigo. En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera dijo que la figura ha sido de utilidad para que las autoridades se alleguen de elementos probatorios de un delito. El operador jurídico del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, dijo que con las modificaciones sólo se concederá el arraigo cuando existan “indicios” suficientes. Al hablar en contra, el vicecoordinador del MC, Ricardo Mejía, preguntó a sus colegas de curul quién les estaba torciendo el brazo para mantener la figura del arraigo: Si el presidente Enrique Peña Nieto o el procurador Jesús Murillo Karam, funcionario que, recordó el legislador, a principios de este año se había manifestado en contra del arraigo. El presidente de la comisión, Moreno Rivera, recordó que agrupaciones de derechos humanos se han pronunciado en contra de esta figura por considerar que ha generado detenciones arbitrarias, torturas, violación al debido proceso y a la presunción de inocencia. Por ello, dijo que para salvaguardar la libertad personal se propone disminuir de 80 días, como actualmente se estipula, a un máximo de 35, tratándose de delincuencia organizada y, en el caso de delitos graves, el arraigo sólo duraría 20 días sin prórroga, cuando en la actualidad el máximo es de 40 días. También indicó que con ánimo de avanzar en la desaparición de esta figura, se reduce su plazo y se imponen requisitos para su petición y su respectiva concesión. Además, para fortalecer la protección de los derechos humanos, se propone que el Ministerio Público, al solicitar al juez la medida precautoria, la sustentará en indicios suficientes que vinculen a la persona con la delincuencia organizada en un delito grave. Luego señaló que para solicitar o conceder el arraigo deberá acreditarse, cuando menos, que permitirá allegarse mayores elementos en la investigación; protegerá la vida, la integridad de las personas y los bienes jurídicos y evitará que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia. Para evitar maltratos físicos, psicológicos o violación a los derechos humanos, los organismos de protección de derechos humanos previstos en la ley suprema podrán participar revisando en todo momento la aplicación del arraigo a solicitud de la persona sujeta a esta medida cautelar o de su representante. Sobre la retención ante el MP, que actualmente es de 48 horas, se plantea que pueda aumentarse por 72 horas tratándose de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas; delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, así como ilícitos graves que determine la ley; en contra de la seguridad de la nación; el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Además, destacó que la ampliación de la retención por 72 horas hace improcedente la posterior solicitud del arraigo, “con lo que se pretende ir a la eliminación de esta figura”. En el dictamen se precisa que la finalidad es que la averiguación previa tenga suficiente sustento probatorio para que el ejercicio de la acción penal cumpla con los requisitos de acreditación del hecho señalado como delito y la probable responsabilidad del indiciado y, paulatinamente, se derogue la medida cautelar del arraigo. Ricardo Monreal, del MC, quien votó en contra, dijo que reducir el tiempo de la figura “no resuelve la violación grave de los derechos humanos de quienes son sometidos” a esa medida. El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT, sostuvo que votaría contra el dictamen, pues de los arraigos realizados desde 2008 sólo se consignó a 3.3% de los implicados, contra 96.7% en cuyos casos nunca se consiguieron pruebas que acreditaran su presunta responsabilidad. “Es un instrumento legal que se usa indebidamente para suplir las deficiencias en investigación de delitos con base en la violación de derechos humanos”, fustigó. Enseguida comentó que esta figura debe desaparecer de la Constitución, pues es contraria a su artículo 1° y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México. Por el PVEM, Ruth Zavaleta votó en contra. En su intervención, soltó que “algunos compañeros votarán a favor, otros lo harán en abstención y otros más lo haremos en contra”. Asimismo, puntualizó que la asamblea debe valorar los elementos que existen en contra de perpetuar esta figura jurídica y, por otra parte, la necesidad de mantenerla como una herramienta indispensable para la procuración de justicia. El diputado Catalino Duarte Ortuño, del PRD, aclaró que un postulado prioritario de su agenda legislativa es impulsar la derogación del arraigo penal del texto constitucional, “y nuestra posición es y será congruente en este tema. Debemos transitar hacia su derogación total”. Por ello, agregó, “con bases sólidas de principios y convicciones votaremos para imponer mayores controles, condiciones y requisitos a esa figura jurídica. “No es el dictamen que hubiésemos querido, ni es el dictamen que cumple y atiende las recomendaciones de organismos internacionales en materia derechos humanos, pero se perfila bajo el principio de progresividad de los derechos humanos en el camino de una derogación pronta y absoluta del arraigo en este país”, acotó. Más adelante, la diputada panista Consuelo Argüelles Loya aseguró que la complejidad actual del concepto de seguridad naciona implica tomar medidas urgentes que fortalezcan el estado de derecho para garantizar la paz, la justicia y la seguridad de los mexicanos. Incluso destacó que la necesidad de la subsistencia de esta medida atiende a la situación alarmante que padecemos en el país, debido al embate de la delincuencia organizada, y “a que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben contar con elementos probatorios que garanticen el bienestar social y la seguridad pública, sin vulnerar el respeto a los derechos humanos. “Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos trabajar en la eliminación de estas medidas. En que el Estado haya recobrado para los mexicanos la paz y la seguridad que merecen; en que podamos afirmar que la delincuencia organizada ha cedido ante las medidas adoptadas, las cuales toman fuerza de nuestro actuar legislativo”. Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado priista José Alberto Rodríguez Calderón se pronunció a favor del dictamen, pues en la aplicación de la figura del arraigo, argumentó, “intervendrán todos los actores interesados en concebir a los derechos humanos como una condición esencial para consolidar un auténtico estado democrático de derecho”.