Autoridades y organizaciones civiles elaboran nuevo protocolo para búsqueda de desaparecidos

lunes, 27 de mayo de 2013
SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- Organizaciones de la sociedad civil, expertos y autoridades elaboran un nuevo protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas en el noreste de México,  que suman cientos y todos los días continúan aumentando, informaron dirigentes de   asociaciones de derechos humanos y fuentes gubernamentales. “Ya se está trabajando en un borrador conjuntamente con expertos penalistas del estado de Nuevo León”,   comentó a Proceso Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (Cadhac). Morales explicó que este nuevo protocolo para personas desaparecidas está enfocado en el análisis del delito y los detalles que lo integran. Mencionó que el nuevo borrador, que se elabora conjuntamente con la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, se analizará en un foro que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de mayo en Monterrey. En las mesas de trabajo participarán expertos en Derechos Humanos, representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y funcionarios de la fiscalía de Nuevo León. Los secuestros y desapariciones son actualmente el principal delito en el noreste de México. Tamaulipas continúa encabezando  la lista de los estados con mayor incidencia de secuestros, según estadísticas del  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En esta  entidad se duplicó el número de casos, al pasar de 24 entre enero y marzo del año pasado a 42 en el mismo periodo de 2013. Esta última cifra representa 11 por ciento de todos los secuestros que se perpetraron en el país. Durante el primer trimestre de este año, la cantidad de secuestros en el país aumentó 20 por ciento respecto del mismo periodo de 2012, según el  informe  del SESNSP. En el caso de Nuevo León, la procuraduría del estado se ha negado sistemáticamente a informar sobre el número de secuestros y desaparecidos en el estado. En los últimos tres años este delito se agravó debido a las “narco guerra” entre el cártel del Golfo y “Los Zetas” por la disputa de la plaza. Fuentes oficiales  que solicitaron el anonimato aseguran que en promedio se  registran  25 secuestros por mes en la zona metropolitana de Monterrey, cuando hace apenas unos cinco años este delito alcanzaba dos plagios por año. Cifras conservadoras de las organizaciones de Derechos Humanos estiman en alrededor de mil las personas desparecidas en los últimos tres años en Nuevo León. En el caso de Coahuila, la  subprocuraduría para la Búsqueda y Localización de Personas no Localizadas de la Procuraduría General de Justicia del estado  cuenta con un padrón de más de mil 600 personas desaparecidas en este estado. El  Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., de Coahuila, informó que  también se cuenta con un Grupo de Trabajo Autónomo que está analizando las desapariciones forzadas. El centro confirmó un foro para  revisar el delito de desapariciones forzadas a partir de los trabajos impulsados con el Grupo de Trabajo Autónomo, que colabora con el gobierno del estado. El foro tendrá  como primer eje temático “la búsqueda e investigación criminalística” y como segundo eje “políticas públicas y armonización legislativa”, mismos que se abordarán con las ponencias de los expertos nacionales e internacionales. También  se pretende elaborar cuadernos de trabajo que permitan delinear la base para la implementación de políticas públicas y presupuestales conducentes. El Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio  en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la ciudad de Saltillo. En el foro participarán representantes de  la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, Províctima, la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México.

Comentarios