MONTERREY, N.L. (apro).- El diputado local independiente, Erick Godar Ureña, propuso hoy la legalización de las drogas a través de una iniciativa que prevé modificaciones a las leyes federales de la administración pública y de salud. La iniciativa presentada hoy en el pleno considera la creación de un padrón nacional de consumidores, quienes renovarían su membresía cada seis meses y adquirirán el producto en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud (Ssa), encargada de fijar los precios del producto. El plan de legalización abarca, entre otras drogas, al “opio preparado para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o mariguana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o cocaína, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones”. Godar Ureña, quien llegó a la legislatura por el PRD antes de declararse independiente, planteó que la Ssa dé permisos de venta en establecimientos debidamente rotulados, donde se pueda proporcionar el producto únicamente a mayores de edad, personas que no estén en medio de procesos penales y sólo en las cantidades de consumo actualmente permitidas. Los rótulos de los empaques deberán estar aprobados por la Secretaría de Salud, dependencia que obligaría a los distribuidores a colocar en ellos leyendas de advertencia sobre los efectos nocivos del producto. Tampoco se permitiría ninguna forma de publicidad para el consumo. En su exposición de motivos, Ureña Frausto señaló que estas modificaciones buscan ser una continuación de la propuesta que el 2 de octubre de 2008 presentó el entonces presidente Felipe Calderón para reformar la legislación de salud y los códigos penales, enmiendas conocidas como ‘ley de narcomenudeo’. La iniciativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009. De aprobarse la propuesta, destacó el legislador, “se pondría fin al mercado ilegal, lo que reduciría la corrupción y la violencia asociadas a este fenómeno”. Además, abundó, los gobiernos dejarían de gastar enormes recursos en el combate al narcotráfico y establecerían las normas para realizar esa actividad. “Los gobiernos fácilmente darían seguimiento a los grupos que venden, así como a sus cuentas e inversiones. También recibirían impuestos generados por la venta legal de drogas, que son más altos que los del tabaco y el alcohol”. La propuesta fue enviada a comisiones para su posterior estudio.