"Se dilapidan recursos en persecución de delincuentes": ministro Valls

martes, 7 de mayo de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Hernández, aseguró que la existencia de tantos códigos y maneras de instrumentar el sistema de justicia penal en México ha provocado diversos “fenómenos”, entre ellos la nociva práctica de los delincuentes del crimen organizado de escapar de la justicia y trasladarse de una a otra entidad de la República donde la legislación es más laxa. “Procesalmente hablando, se trata de recursos públicos dilapidados en la persecución de la delincuencia”, señaló el ministro. Estos problemas, agregó, se derivan del poco avance en la instrumentación de la reforma constitucional en materia de justicia, porque quienes la iniciaron en 2008 –subrayó– no le dieron el impulso suficiente y la dejaron a la deriva. Además, genera incertidumbre e inseguridad jurídica, tanto para la población como para los que participan en el sistema de justicia penal, sostuvo. “Estamos a punto de que se cumpla el quinto año de la vacatio legis (periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor) de la reforma de 2008 y, hay que decirlo, y decirlo con todas sus letras, casi nada o muy poco se ha hecho”, dijo. Añadió: “A mí me da la impresión de que quienes iniciaron, fomentaron, promovieron esto, como que lo dejaron suelto, como que no hubo un seguimiento puntual para que las cosas fueran avanzando”. Durante el Quinto Foro sobre Seguridad y Justicia, Sergio Valls subrayó: “Hasta ahora que ya tenemos visos, ya se ve una lucecita al final del túnel, con un Código Procesal que desde luego es el que va a marcar el inicio de toda la serie de leyes que se tienen que producir en el Congreso”. Al lado del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y de la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, el ministro hizo un recuento. A la fecha, dijo, 23 entidades federativas cuentan con un Código de Procedimientos Penales de Corte Acusatorio. Tres de ellas lo operan en todo su territorio, 10 lo han implementado por regiones en un proceso que aún no culmina, siete más entrarán en operación parcial durante 2013 y otras dos iniciarán su operación parcial en 2014. Las entidades, agregó, se encuentran discutiendo sus legislaturas locales y es por ello que aún no han aprobado un Código Penal de Corte Acusatorio. Lo anterior, subrayó, es una muestra de la problemática que está generando la puesta en práctica del nuevo sistema, ya que existen tantos códigos y maneras de instrumentar el sistema penal como entidades federativas que integran el país, lo que provoca que se definan las mismas figuras de diversas formas y, por lo tanto, se les den tratamientos distintos al momento de resolver. De acuerdo con Valls, existe una serie de puntos “controvertidos” del diseño legislativo de proceso acusatorio, sobre todo alrededor de los actores que intervienen en el proceso. “Se teme que debido a las facultades que se otorgan en la reforma del Ministerio Público para obtener la orden de aprehensión, el descenso de los estándares de prueba para la formal prisión, así como los criterios de oportunidad que le han otorgado, puedan hacerlo todavía una figura con más poder”, puntualizó. Por otra parte, sostuvo, la falta de homogenización de las reglas que deben utilizarse para la investigación, persecución y procesamiento penal en todo el país acarrea una diversidad de soluciones ante conflictos similares, que obstaculizan la rendición de cuentas y la vaguedad del sistema como un todo, trascendiendo así a la afectación de las garantías constitucionales. Otro de los graves inconvenientes, dijo, es que las facultades de derecho de las universidades de todo el país aún se basan en el sistema de justicia penal antiguo, cuando ya deberían de estar impartiendo el nuevo. Por ello mismo, añadió, se llevarán a cabo reuniones con los rectores y directores de las facultades del país, por lo pronto en los estados de Tlaxcala y Puebla.

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