MÉXICO, D.F. (apro).- Defensores de derechos humanos calificaron como “un retroceso” la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de poner un freno a la aplicación plena de los tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución. En entrevistas por separado, los directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), José Rosario Marroquín y Edgar Cortez, respectivamente, coincidieron en que la decisión de la mayoría de los ministros se debe a reticencias para hacer valer el artículo primero de la Constitución, que obliga a toda autoridad a velar por los derechos humanos. En comunicados por separado, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también manifestaron su preocupación por la resolución del máximo tribunal. El director del Centro Prodh consideró que “más que la discusión en sí, preocupa que haya intentos de restringir los derechos en México”, así como que en sus participaciones algunos ministros “se hayan pronunciado por establecer cierta jerarquía entre tratados internacionales y la Constitución, cuando eso es una discusión que está fuera de lugar”. Los principios, añadió, son bastante claros en el artículo primero, sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos contenidos en los tratados firmados por México. José Rosario Marroquín resaltó que la resolución de la SCJN puso en evidencia que “hay sectores del Estado que no se identificaron con la reforma al artículo primero de la Constitución, que obliga a todos los funcionarios a hacer valer los derechos humanos. Hay poderes que se han desentendido de eso todavía en el ámbito del Ejecutivo, empezando por el federal. No hay esa intención de hacerle caso al artículo”. El activista subrayó que mientras el tema de derechos humanos no esté en la agenda de los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el Judicial “los jueces no se sienten con la capacidad suficiente de oponerse a ciertas prácticas que son violatorias de derechos humanos”, además de que recientemente el Poder Judicial ha sido blanco de críticas cuando se libera a personas que fueron víctimas de vicios en sus procesos judiciales. “La crítica se va sobre ellos sin tomar en cuenta que la gran parte de las detenciones en México son arbitrarias y que el método de investigación es la tortura, así que el problema no es el juez”, apuntó. Y más preocupante resulta aún la resolución, dijo, cuando en los primeros nueve meses del gobierno de Peña Nieto, el Centro Prodh percibe un incremento de la inseguridad, en tanto que las amenazas contra defensores se incrementan, al igual que las amenazas a comunidades opositoras a megaproyectos. Luego de afirmar que la decisión de la SCJN fue “un paso atrás”, Edgar Cortez, del IMDPDH, criticó duramente al ministro ponente, Arturo Zaldívar, quien “por  tratar de conciliar con los otros ministros traicionó su propio proyecto; por ser conciliador privilegió el consenso en detrimento de los derechos humanos. En este asunto gana la política en lugar de la protección de las personas, que debería ser la prioridad de la SCJN”, dijo. Asimismo, recordó que desde la instauración del arraigo, organizaciones nacionales e  internacionales de derechos humanos, así como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han pronunciado en contra por considerarlo una práctica violatoria. “Con la decisión de la Corte se le da plena vigencia al arraigo,  ya no podemos cuestionarlo, y en los hechos viola el derecho de la libertad. Un derecho humano considerado por los tratados internacionales, como el arraigo, está en la Constitución, y los tratados quedan supeditados a la Constitución”, apuntó. Otra medida que las organizaciones han cuestionado es el catálogo de delitos incluidos en la reforma judicial de 2008, que obligan a la prisión, “porque de acuerdo con acuerdos internacionales la cárcel es la última medida y eso lo analiza el juez, pero que tengan que enviar a prisión a alguien obligatoriamente, es contrario a derechos humanos”. De acuerdo con Cortez, la decisión de los ministros de la SCJN puede ser un aliciente para que legisladores pongan mayores límites a los derechos humanos y que los tratados internacionales queden supeditados a la norma constitucional. Lo que imperó en la votación, dijo, es “la mentalidad jurídica más tradicional en este país, donde la mayoría de los abogados se manejan por jerarquías de leyes, y donde la Constitución está por encima, todo lo demás está debajo, incluidos los tratados internacionales”. De su lado, Amnistía Internacional manifestó que la decisión de la Corte “es contraria a las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre el Estado mexicano  (…) y puede tener serias implicaciones en cuanto al deber de cumplir con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos”. En un comunicado, AI recordó que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, del que México es parte, establece que los Estados no podrán “invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, disposición que para el organismo internacional “refleja una norma de carácter consuetudinario, obligatorio para todos los Estados por igual, y de aplicación a la propia adopción de la Convención en 1968”. En ese sentido, AI recordó que “los recursos del sistema internacional de defensa de derechos humanos, como la CIDH, están disponibles en caso de que se agoten los recursos ante los tribunales nacionales por cualquier razón, incluso decisiones de la SCJN”, aunque hizo votos porque “los casos sean resueltos sobre la base del principio pro persona, en beneficio de la protección de los derechos humanos en México”. Por último, la CDHDF alertó sobre la posibilidad de que la resolución de la SCJN abra “el camino para el desarrollo de una contrarreforma por la vía judicial, que privilegia limitaciones y restricciones a derechos sustentadas en perspectivas formalistas por encima de visiones constitucionales más avanzadas, en donde las normas internacionales que protegen derechos humanos se elevan a rango constitucional, y en donde las reglas que brindan la mayor protección a las personas prevalecen, sin importar si se encuentran en el texto de la Constitución”. En un comunicado, el organismo presidido por Luis González Placencia destacó que la resolución de la Corte no sólo desconoce los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, sino que “coarta y desvirtúa la esencia misma de la reforma constitucional al preferir la protección de normas en virtud de su jerarquía, pasando por encima del aseguramiento y la salvaguarda de los derechos de las personas”. La CDHDF lamentó que los ministros del máximo tribunal hayan “preferido la supremacía de visiones del derecho ajenas a las mejores tradiciones constitucionales, que se oponen a una transformación estructural del sistema jurídico mexicano”.