Preocupa a ONG omisiones de Peña en derechos humanos

lunes, 9 de septiembre de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- A mes y medio de que México se sujete a una revisión sobre la situación de derechos humanos en el seno del Examen Periódico Universal de la ONU, organizaciones no gubernamentales manifestaron su preocupación por las omisiones y deficiencias en la atención del tema por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el foro México ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, realizado en el Senado, representantes de Amnistía Internacional (AI), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos de La Montaña-Tlachinollan (CDHM-T) y Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, enlistaron los pendientes en la materia no considerados por el gobierno de Peña Nieto en el reporte que envió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que será la base del análisis de los 193 Estados miembros que realizarán el EPU. En 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico en apogeo, México fue sometido por primera vez al EPU y recibió 99 recomendaciones, de las que sólo admitió 83; entre las que no aceptó estaban la abolición del arraigo y la reforma al Código de Justicia Militar, que han sido ordenadas a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en cuatro de las seis sentencias que ha emitido contra nuestro país. Ante senadores encabezados por el priista Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva, el representante en México de AI, Daniel Zapico, describió el documento del gobierno mexicano: “Se caracteriza por una grave ausencia de medidas efectivas para prevenir, investigar y reparar los abusos contra los derechos humanos en el país”. El defensor resaltó que es preocupante que el gobierno de Peña Nieto presente como avances iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión que ni siquiera están enlistadas o consideradas para discusión, como lo es la reforma al Código de Justicia Militar, cuando “en la realidad las diferentes iniciativas que han tratado de realizar esta reforma han permanecido detenidas en el Legislativo durante años”. Zapico aseguró que desde la última revisión a México se han incrementado las violaciones a derechos humanos de forma alarmante: “Los abusos contra migrantes continúan, por sistema se niega justicia a los migrantes”; mientras que México se ha convertido en el “país más peligroso para ejercer el periodismo y ser defensor de derechos humanos”. Además, “la violencia contra las mujeres no ha sufrido un cambio real, a pesar de la legislación que existe”. El activista refirió que en su informe el Estado mexicano hace referencia a las desapariciones, pero “nada dice de las desapariciones forzadas, aquellas cometidas por agentes del Estado”, y mencion casos recientes ocurridos en Tamaulipas y Nuevo León. También calificó como insatisfactorias las respuestas oficiales al incremento de prácticas ilegales como la tortura y el arraigo. Luego consideró que hay una “una brecha entre el informe que presentó el gobierno de México y la realidad, pareciera que se está hablando de otro país, que no se adapta a las recomendaciones que ha recibido como parte de sus obligaciones internacionales”. Asimismo, el documento carece de “datos duros” y, en un análisis de fondo, “es más valioso por lo que calla que por lo que muestra”. Alejandra Nuño, directora de la CMDPDH, hizo referencia a los obstáculos de las organizaciones que han solicitado declaratorias de alerta de género, reiteradamente negadas, pese a las evidencias tangibles del preocupante incremento de la violencia contra mujeres y los feminicidios. Tras recordar que junto con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, la CMDPDH ha promovido amparos contra la negativa de declarar la alerta en el Estado de México, Nuño criticó que en el reporte del gobierno mexicano no se consideren “políticas públicas que prevengan la violencia de género” y que a las mujeres se les deje en “la incertidumbre de ser víctimas de violencia en cualquier momento”. Nuño alertó sobre la intención de “privilegiar el arraigo” después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que las restricciones contenidas en la Constitución estaban por encima de los tratados internacionales de derechos humanos, situación que consideró un “verdadero retroceso”. La defensora lamentó que en el informe presentado por el gobierno de Peña Nieto se atribuyan avances en la consideración de que sea la justicia civil la que atienda las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, como una prerrogativa de la SCJN, cuando “fue gracias a la sentencia emitida por la CoIDH, en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, y la posterior discusión de la Corte lo que la llevó a esa conclusión”. Abel Barrera, del CDHM-T, reprobó que en el reporte del Estado mexicano se haya excluido el tema de los derechos de los pueblos indígenas, pese a que en el primer EPU hubo 22 recomendaciones a México. Enseguida señaló que aun cuando se trata de un nuevo sexenio, “las políticas públicas de tratamiento a los pueblos indígenas son las mismas, se les niega ser sujetos de derecho en tanto que la Comisión para los Derechos Indígenas es una agencia de colocación de obras públicas”. Mientras que en el programa de la Cruzada contra el Hambre los “indígenas son considerados receptores pasivos de dádivas y alimentos que son llevados por miembros del Ejército Mexicano, en zonas en donde en la memoria colectiva de los pueblos prevalecen los abusos y las violaciones a derechos humanos cometidos por el personal castrense”. Barrera Hernández reclamó que tampoco se hable en el documento de Peña Nieto sobre las amenazas que penden sobre el territorio indígena “entregado a concesiones mineras extranjeras sin la consulta de los pueblos”. El defensor recordó que de las seis sentencias de la CoIDH contra México, cuatro tuvieron su origen en abusos cometidos por el Ejército en el estado de Guerrero, por lo que se sumó al reclamo de Nuño de la omisión del Estado de reconocer que fue “la lucha de las víctimas y de la sociedad civil la que logró que el máximo tribunal del continente exigiera a México la reforma del fuero militar”. Sofía Lascurain, de Documenta, destacó que en el documento se mantienen las omisiones sobre los derechos de las personas con discapacidad, uno de los temas de los que es promotora su organización. Al señalar que el EPU es unos instrumentos más efectivos de la ONU, porque “40% de sus recomendaciones son implementadas por los Estados, en un promedio mundial, sin referirse a México”, Lascurain advirtió que después de cuatro años de la última revisión de la situación de derechos humanos no sería sorprendente que el gobierno mexicano recibiera hasta tres veces más recomendaciones. Los defensores exhortaron al Senado ser vigilante del cumplimiento de las recomendaciones que surgirán en el EPU, que se realizará el 23 de octubre, así como no deslindarse de su papel en llevar a cabo reformas legislativas sugeridas por los organismos internacionales. En la sesión estuvieron presentes la presidenta y la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña y Lucero Saldaña, así como el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Jesús Peña.  

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