WASHINGTON (apro).- La impunidad, especialmente de militares e integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, fue un factor imperante en términos de violación a los derechos humanos durante el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, denunció la organización Human Rights Watch (HRW). “El sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos y se asegura así su impunidad”, puntualiza HRW en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2013. En el capítulo dedicado a México, destaca que en diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la presidencia del país, “reconoció” que la guerra contra el narcotráfico que llevó a cabo su predecesor, Felipe Calderón, propició graves abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad. “No obstante, el gobierno de Peña Nieto ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada”, matiza el reporte de HRW. La organización internacional, dedicada a preservar y defender las garantías individuales, se concentró específicamente en la crítica al gobierno de Peña Nieto y la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, e incluso denunció una complicidad entre estos dos actores. “México ha delegado mayormente a las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha provocado violaciones de derechos humanos generalizados”, dice el informe sobre el caso mexicano. Esta decisión de inmiscuir a los militares en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, por parte del gobierno de Peña, es una contradicción, tomando en cuenta que precisamente había criticado al gobierno de Calderón por hacer precisamente esta estrategia militarizada contre el trasiego de drogas. “Integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad continúan perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas”, remata el reporte de HRW. En otro aspecto, denuncia que en el país es una práctica común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición. HRW recomienda que para mejorar la situación de los derechos humanos en México, y sobre todo abatir a la impunidad, se debe someter a juicio, ante el sistema judicial civil, a los miembros de las fuerzas armadas que comentan violaciones a las garantías individuales; que mejoren los mecanismos de investigación y procesamiento de las denuncias, y que se fortalezcan los mecanismos de protección para los defensores de los derechos humanos y periodistas.