Ordena Corte liberar a indígena encarcelada por adulterio y aborto

miércoles, 22 de enero de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de Adriana Manzanares Cayetano, una indígena recluida desde hace siete años en la penitenciaría de Chilpancingo, Guerrero quien purgaba una sentencia de 22 años en prisión por aborto. Manzanares, originaria de Ayutla de los Libres, Guerrero, actualmente tiene 27 años, siete de los cuales ha permanecido recluida en el penal de Chilpancingo donde cumple una sentencia por homicidio en razón de parentesco. Originalmente le dieron 27 años de cárcel, pero tras una apelación la condena se redujo a 22. La Primera Sala de la SCJN determinó que en el caso de Manzanares se violó el debido proceso. La decisión tuvo el respaldo unánime de los cinco ministros de la Corte. El fallo ordena que se notifique a las autoridades penitenciarias del estado de Guerrero dejar en libertad a Adriana tras concedérsele un amparo liso y llano. Con la intervención de organizaciones derechohumanistas, el caso de Adriana llegó desde hace dos años a la SCJN a través de un juicio de amparo, con el que se pretendía que el máximo tribunal determinara no sólo la inmediata liberación de la mujer, sino que revisara la prueba pericial –realizada al feto o producto de embarazo para saber si éste respiró antes de morir (docimasia pulmonar)– que los agentes del Ministerio Público utilizaron de manera concluyente. Manzanares no sólo fue juzgada y sentenciada en un Juzgado Penal, sino que su padre y el delegado de la comunidad de Ayutla de Los Libres (su tío) la presentaron ante el pueblo para que la apedrearan, debido a que resultó embarazada de una nueva pareja con la que sostenía una relación, luego de varios años de ausencia de su esposo, un inmigrante que se encuentra en Estados Unidos. La mujer se encontraba en su domicilio cuando sufrió el aborto. De acuerdo con su testimonio y el del hombre con el que vivía, el feto estaba muerto y ambos tuvieron miedo de la reacción de la familia, por lo que optaron por enterrarlo. Cuando su padre se dio cuenta del hecho, llevó a Adriana con el delegado de la comunidad y posteriormente fue presentada ante el pueblo y apedreada. Tras ello, la pareja compareció ante el Ministerio Público, que los consignó judicialmente por homicidio en razón de parentesco. Adriana no hablaba español y no contó con un traductor, denunció la directora de Las Libres. Y a pesar de que fueron procesados por el mismo delito, el hombre consiguió su libertad, pero la indígena guerrerense fue sentenciada a 27 años, pena que se redujo a 22 tras un recurso de apelación.  

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