WASHINGTON (apro).- Horas después de la ejecución con inyección letal del ciudadano mexicano Edgar Tamayo, en la cárcel de Hunstville, Texas, el gobierno de Barack Obama expresó su pesar por el caso y lamentó que las autoridades texanas no hicieran caso a su pedido de postergar el cumplimiento de la pena de muerte. “El Departamento de Estado lamenta la decisión del estado de Texas de proceder con la ejecución del señor Tamayo, sin revisar y reconsiderar su caso”, indicó en un breve comunicado de prensa la segunda vocera de esa dependencia federal, Marie Harf. Además de lamentar la ejecución del mexicano, el gobierno de Obama subrayó que el Departamento de Estado “sigue comprometido a cumplir con sus obligaciones internacionales bajo el fallo de Avena”. En otras palabras, el gobierno estadunidense asegura que por encima de las decisiones unilaterales que se toman en los estados de la Unión Americana, donde prevalece la pena de muerte, como en el caso de Texas, continuará pidiendo que se cumplan los mandatos emitidos por la Corte Internacional de Justicia en La Haya. “Este caso (el de Tamayo) ilustra la importancia crítica que tiene el que el Congreso –federal estadunidense– apruebe el Acta de Cumplimiento de Notificación Consular, que proveerá a Estados Unidos con mecanismos adicionales para cumplir con nuestras obligaciones”, destacó Harf. El próximo 9 de abril, en la misma prisión donde anoche fue ejecutado Edgar Tamayo, está calendarizada la ejecución por inyección letal de otro ciudadano mexicano: Ramiro Hernández Llamas, de 44 años de edad, acusado de asesinar a un hombre para quien trabajaba y de violar a la esposa de aquel. Tamayo fue sentenciado a la pena de muerte por el asesinato de un policía estadunidense en 1994. Su defensa legal y el gobierno de México pidieron la anulación o postergación de la condena, bajo el argumento de que las autoridades texanas violaron sus derechos consulares como extranjero e incumplieron con los mandatos internacionales del debido proceso. El 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo a favor del gobierno de México en su demanda contra Estados Unidos por la violación de los mandatos de protección consular enmarcados en la Convención de Viena. En el comunicado de prensa, el Departamento de Estado enfatizó que “Tamayo era un ciudadano mexicano sujeto a la decisión del caso Avena emitida por el Corte Internacional de Justicia”. En 2008, en respuesta al fallo de La Haya sobre el caso Avena y los casos de personas extranjeras sentenciadas a la pena capital en la Unión Americana, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que el propio Poder Ejecutivo estadunidense no tenía la autoridad para imponer a las cortes estatales del país los mandatos de la Corte Internacional de Justicia. Y el próximo 9 de abril, cuando se llegue la hora para la ejecución del tamaulipeco Hernández Llamas, seguramente vendrá una nueva disputa diplomática con Estados Unidos al solicitarle clemencia para el reo mexicano. Sin embargo, conforme a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, son casi nulas las posibilidades de que el sistema judicial del estado de Texas acate los mandatos internacionales sobre las notificaciones y derechos consulares de los extranjeros.