MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles aseguraron hoy que la crisis de violencia que se vive en Michoacán y otras entidades del país es consecuencia de la “descomposición de las instituciones del Estado, la persistencia de la política de seguridad, así como la ausencia de garantías para ejercer los derechos fundamentales. En un comunicado, 74 agrupaciones de 20 entidades del país consideraron que “el recrudecimiento de la violencia” no es más que “el resultado de un largo proceso de descomposición de las instituciones del Estado”. En un balance sobre la violencia y el papel de las autodefensas, los integrantes de Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) destacaron que esa descomposición “ha propiciado diversas expresiones violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos armados”, dañando el Estado de derecho. También recordaron que la actuación de los grupos de delincuencia organizada por el control territorial se da “con la connivencia de las autoridades de los distintos niveles de gobierno”, lo que ha generado “un ambiente de inseguridad, temor y zozobra en la población civil, que ha sido el principal blanco de amenazas, extorsiones y asesinatos frente a la total parálisis de los aparatos del Estado”. En el caso específico de Michoacán, la Red TDT resaltó que la situación de violencia y de indefensión en que se encuentra la población, así como la “incapacidad de los gobiernos federal y estatal para garantizar derechos fundamentales, como son la vida y la seguridad e integridad”, han llevado a miles de familias “a recurrir al legítimo derecho de defenderse de manea organizada o a tener que desplazarse por causa del conflicto”. Sin embargo, el Estado ha continuado con una estrategia que desde el sexenio anterior “se ha probado fallida: priorizar el uso de las Fuerzas Armadas y la militarización de las instituciones de seguridad pública, lo que no sólo no ha tenido un impacto pacificador en las comunidades afectadas, también ha agudizado el miedo, la violencia y la violación de los derechos humanos de la población”. Las ONG también cuestionaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya tomado la decisión de nombrar a Alfredo Castillo como comisionado para Michoacán, así como relevado a los mandos de la Procuraduría y la Secretaría de la Seguridad Pública locales, lo que “en los hechos se acerca a una disolución de los poderes del gobierno estatal (…) en una clara respuesta a la inoperancia de estas instituciones”. Por ello que la Red TDT urgió a las autoridades a “priorizar estrategias de seguridad y desarrollo en el estado de Michoacán, así como en otras regiones igualmente afectadas por la violencia, asegurando el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población y poniendo especial énfasis en la situación de las comunidades desplazadas”. Entre las organizaciones que avalan el documento destacan el Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro La Montaña-Tlachinollan, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Casa del Migrante de Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro Paso del Norte y Centro Victoria Diez.