MÉXICO, D.F. (apro).- La suspensión de la licitación del tren rápido México-Querétaro fue por motivos políticos y Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista predilecto de Enrique Peña Nieto, no participará en la próxima licitación, sólo el gobierno chino. Así lo informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al comparecer ante la comisión especial de legisladores que indaga sobre la expedición y cancelación de la licitación para construir el tren rápido. El funcionario mexiquense también aseguró que no hubo conflicto de intereses debido a la participación de la filial Teya, integrante del consorcio Higa, de Hinojosa Cantú. Más aún, el titular de la SCT defendió la legalidad de esa participación y justificó el no favoritismo del gobierno federal hacia esa empresa al afirmar que el 15 de octubre, cuando se dio a conocer el fallo a favor de China Railway Construcion, fue cuando se enteraron que Teya estaba asociada con el empresario tamaulipeco, también dueño “legalmente” de la casa de Sierra Leona, en las Lomas de Chapultepec, de Angélica Rivera. “El 15 de octubre se dio a conocer el fallo y ese mismo día supimos que en el consorcio que se asoció con ellos participa la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, pero también nos enteramos que apenas dos días atrás se había constituido”, justificó Ruiz Esparza. Ante legisladores, el titular de la SCT sostuvo que la licitación estuvo apegada a Derecho pero que desistió de la firma del contrato, “que no de la cancelación”, porque “días antes del fallo se generó un ambiente poco favorable, se cuestionó que sólo hubiera un participante, que había un sobreprecio, y también se hicieron señalamientos de que en el consorcio estaba gente vinculada a servidores públicos (es decir, la relación entre Peña Nieto e Hinojosa Cantú). “Las dudas crecieron y tomaron tintes políticos, se cuestionó la legalidad de las empresas y se mostraron suspicacias, y se insinuó que hubo información privilegiada hacia la empresa ganadora y que por eso declinaron las demás participantes. “También se hizo mención a la vinculación con un expresidente de México por su parentesco con un miembro del consorcio”, admitió. Luego, Ruiz Esparza detalló que en el gabinete “reflexionamos sobre el riesgo de seguir por la duda y por las reacciones políticas como el que se pudiera cancelar el presupuesto para la obra. Era un escenario adverso y se cuestionó la honorabilidad”. En el momento de suscribirse el contrato se hubieran adquirido obligaciones que luego en caso de tener que cancelarse aquél por causas de fuerza mayor, se hubiera generado una situación muy desfavorable, y el pago a la empresa ganadora tendría que ser mucho mayor de lo que hoy se está en obligación de pagar, admitió. Además, aclaró que la empresa china no ha cobrado la multa que el gobierno está obligado a pagarle hoy, e incluso que no ha interpuesto algún escrito de reclamación por la “no firma del contrato”. El titular de la SCT también destacó ante los diputados que el gobierno tenía dos opciones: una era firmar porque fue una licitación legal, pero “ante la duda que surgió en ese momento y con los cuestionamientos políticos, nos preguntamos si iba a poder realizarse la obra y pensamos que no. Que iba a haber un freno político y entonces las pérdidas serían mayores porque ahí la empresa haría reclamaciones mayores”. El funcionario federal aseguró que la “no firma” del contrato lo respalda la ley y que, según él, “cuando no se tiene claridad”, se puede suspender aquél. “Fue para proteger los intereses de los mexicanos y por haberse convertido en un proyecto riesgoso. Fue la mejor decisión que se tomó”, acotó. Durante la comparecencia de Ruiz Esparza sólo los diputados Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano (MC), y Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), cuestionaron al funcionario centrando sus preguntas en la experiencia de Higa en la construcción de trenes, sosteniendo que hubo conflicto de interés y tráfico de influencias. También pusieron sobre la mesa la sospecha de que China haya decidido no cobrar la multa por la “no firma”, e incluso Mejía Berdeja preguntó si entonces ya “hay un acuerdo para la próxima licitación y darles el proyecto a ellos”. Ruiz Esparza respondió que no han cobrado porque volverán a participar en la licitación, la cual se pretende publicar en sus bases a inicios de enero próximo. La petista Lilia Aguilar preguntó al funcionario “cómo se medía el riesgo político, cómo se cuantifica”, pues esa la razón que ofreció para cancelar la licitación, a lo que Ruiz Esparza respondió: “La valoración del riesgo, si uno tiene la ley en la mano, se vio el riesgo de firmar un contrato que a todas luces, y no sólo fue una senadora que amenazara con no dar los recursos, fueron muchas las inconformidades, las presiones de los medios de información de por qué fulano de tal –y no es quien aquí se ha mencionado (para ese momento la única persona que se había señalado era Hinojosa Cantú)–; ahí se presionaba para que se cancelara el fallo; todo estaba sujeto a la duda. Si firmo me estarían reclamando por qué firmé el contrato y en ese momento sí habría perdidas cuantiosas”. Mejía Berdeja le preguntó a Ruiz Esparza cuántas obras le entregó a Hinojosa Cantú durante su paso por el Estado de México como secretario de Comunicaciones y desde cuándo lo conocía. “Sólo le entregue dos obras y sólo he tenido una relación de trabajo con él, nunca he tenido relación de amistad”, aseguró. “¿Puede Higa volver a participar en la licitación?”, preguntaron los legisladores, a lo que el funcionario respondió que “legalmente sí”, pero que políticamente está imposibilitado ese consorcio de participar. “Creo que Higa en este momento está imposibilitada por el debate político. Y no me cabe duda de que no participará en la próxima licitación, la parte legal tendría que ser analizada”, advirtió. Legisladores de PRI, PAN, Panal y PVEM respaldaron la actuación del titular de SCT, al que nunca lo cuestionaron e, incluso, como el representante panista Rafael Acosta, aplaudió el que los empresarios tengan relación con los miembros del gobierno, pues lo hacen “en beneficio del país”.