SALTILLO, Coah. (apro).- El gobierno de Coahuila  dio un giro de 180 grados sobre la masacre registrada en el municipio de Allende en marzo de 2011. A casi tres años de dichos sucesos, las autoridades estales sólo reconocen la desaparición de 28 personas y no de 300 como inicialmente se dijo. De esa cifra, aseguran que 11 víctimas fueron privadas de la vida y de las 17 restantes se desconoce su paradero. En rueda de prensa, el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), Homero Ramos Gloria, presentó avances parciales de la investigación sobre los crímenes perpetrados por el grupo criminal Los Zetas contra habitantes de Allende, Piedras Negras, Nava, entre otros poblados de la región conocida como Cinco Manantiales. “En enero de este año se realizó el Operativo de Búsqueda en Vida Coahuila Norte, encabezada por la Subprocuraduría, en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno”, señaló el funcionario. Mencionó que el operativo, en el cual participaron los tres niveles de gobierno con más de 250 efectivos, abarcó los siguientes municipios: Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento. “Durante el operativo de búsqueda se localizaron 3 mil 450 indicios óseos. De éstos, la Unidad Científica de la Policía Federal ha dictaminado que en 2 mil 977 de ellos no es posible determinar su origen ni obtener el ADN por el grado de calcinación que alcanzaron”, agregó Ramos Gloria. Destacó que los 473 indicios óseos restantes actualmente son analizados para obtener su ADN. El 18 de marzo de 2011, dijo, arribaron a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras un número no determinado de sujetos armados que provenía de Tamaulipas, así como de la región de los Cinco Manantiales, quienes fueron apoyados y protegidos por los policías municipales de Allende. “Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo. “Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de ésta persona y junto con ellos a sus trabajadores, así como a civiles que tenían -o que quienes ejecutaron la orden, asumieron que tenían- alguna relación con quien buscaban”. El procurador dijo que el grupo armado vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por quienes fueron sujetos de secuestro. “Derivado del censo llevado a cabo en el municipio de Allende, se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas”. Ramos Gloria destacó que hasta ahora se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de estos hechos; dos de ellas son contra exelementos de la Policía Municipal que estaban en activo en ese momento: María Guadalupe Avalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero, quienes podrían alcanzar una pena de 50 años de prisión. Además, se giró orden de detención contra dos miembros del grupo de Los Zetas: Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez. Ramos Gloria subrayó que tres operadores de Los Zetas presos en Estados Unidos, Héctor Moreno, José Luis Gaytán y Alfonso Cuellar, tienen orden de aprehensión vigente en Coahuila. “De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación y encausamiento de probables responsables por delitos del orden federal que se actualicen”, concluyó el funcionario. Versiones extraoficiales señalaban que hasta 300 personas habrían muerto como resultado de esta agresión contra Allende.