MÉXICO, D.F. (apro).- Los cuatro consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se reunieron este lunes con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para definir la forma en la que serán elegidos los consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con la reforma político-electoral promulgada por el presidente Enrique Peña la semana pasada, una comisión de siete personas –dos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres de la Cámara de Diputados– será la encargada de elegir a los 11 consejeros del INE. De acuerdo con Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, la convocatoria para renovar el Consejo General del órgano electoral se emitirá “en los próximos días”. Durante el encuentro de este lunes, los consejeros del IFE, Lorenzo Córdova, Benito Nacif, María Marván y Marco Antonio Baños, demandaron a la Junta de Coordinación Política que la transición se realice de manera ordenada y en tiempo y forma para las elecciones federales de 2015, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, diversas gubernaturas y varios congresos locales. Los cuatro consejeros se ofrecieron para ser consultados en su momento por los diputados cuando elaboren las leyes secundarias, entre ellas el reglamento de fiscalización, una nueva ley de partidos políticos, así como las atribuciones que corresponderían al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque los integrantes de este órgano no se renovarán. Las leyes deberán estar listas antes de octubre próximo, de lo contrario tendría que utilizarse en las elecciones federales y locales de 2015 el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y las leyes locales. En el encuentro privado, los cuatro consejeros pidieron que la credencial para votar continúe siendo válida, no sólo para votar sino también como identificación; que las legislaturas de los estados inicien su propia reforma constitucional y legal, a fin de dar certeza jurídica a la organización de los 17 procesos electorales del próximo año; que los organismos públicos locales electorales se integren de manera oportuna, y que los ajustes legales para delegar funciones del actual IFE a los institutos locales también se den de manera que se garantice la certeza de los procesos electorales.