Imponen calendario en el Senado para avalar reforma de Telecom

jueves, 27 de marzo de 2014
MEXICO, D.F. (apro).- Sin consultar a los senadores integrantes de las comisiones de Comunicación y Estudios Legislativos, el panista Javier Lozano y la priista Graciela Ortiz anunciaron un “acuerdo” con la Mesa Directiva, encabezada por Raúl Cervantes Andrade, del PRI, para que la reforma secundaria en telecomunicaciones se apruebe a más tardar el viernes 25 de abril. La senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, una de las tres que dictaminará esta ley, se deslindó del acuerdo y explicó que los integrantes de esta instancia serán citados para el lunes 31 para analizar el calendario anunciado por Lozano y Ortiz. “Es un asunto de formas parlamentarias, vamos a consultar a los integrantes”, afirmó la legisladora del PRD. Sin embargo, el que criticó este supuesto “acuerdo” fue el senador panista Javier Corral, quien afirmó que la Mesa Directiva “atropella a las comisiones unidas”, debido a que carece de “facultades para decidir fechas y establecer límites a la aprobación de una ley”. Corral, quien sostuvo un duro intercambio con Barrales y ha acusado a su correligionario Lozano Alarcón de estar a favor de esta iniciativa que beneficia a Televisa y retoma el control del gobierno federal sobre medios, afirmó que sólo los senadores integrantes de las comisiones unidas pueden establecer un calendario para aprobar una ley. Según Lozano y Ortiz, entre el 2 y el 4 de abril se realizarán foros de consulta “para todos los que quieran participar” y formen parte del sector; del 7 al 11 habrá discusión y negociación entre los grupos parlamentarios; entre el 21 y 22 del mismo mes se dictaminará en las comisiones y entre miércoles 23 y viernes 25 deberá ser discutida en el pleno. La posición de Lozano contrastó con la de la dirigente nacional del PAN, Cecilia Romero, quien el lunes pasado afirmó en un comunicado conjunto con su homólogo del PRD, Jesús Zambrano, que rechazaba la iniciativa del Ejecutivo federal por ser contraria a lo aprobado en la reforma constitucional del año pasado.

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